«¿Puedo ir a la cárcel por esto?»

«Tú firma, que si no ya sabes». El último golpe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso del fraude de los cursos de formación que instruye la juez Mercedes Alaya ha puesto de manifiesto las presiones que sufrían los empleados, técnicos y, en algunos casos, cargos políticos para favorecer una red «clientelar» cuyos fines últimos eran electorales. Junto al sonrojante ejemplo de la exdelegada de Empleo de Jaén, Irene Sabalete, «cazada» con una grabación, en las últimas horas se han sumado los testimonios de algunas de las detenidas en la denominada «operación Barrado».

Fuentes de la UCO consultadas por ABC explicaron que algunas de las dirigentes autonómicas arrestadas el martes no eran conscientes de la gravedad de los hechos investigados, que podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, malversación y fraude en las subvenciones.

«¿Puedo ir a la cárcel por esto?», preguntó una de las detenidas, antes de que varias de ellas comenzaran a «dibujar» un escenario de impunidad en el que no se atendían los informes de la Intervención que alertaban de que la concesión de las ayudas estaba siendo irregular. «Tú firma, que si no ya sabes», aseguró una de las encausadas que le advirtieron cuando puso reparos a autorizar la entrega de las millonarias partidas.

Los agentes concluyen que «se han saltado» los controles establecidos para evitar fraudes e irregularidades. No es que fallaran o no fuesen efectivos, simplemente no se quisieron atender las alarmas. En este contexto es importante recordar el caso del exdirector general de Formación Profesional para el Empleo, Carlos Cañavate, quien «misteriosamente» cesó en su puesto después de denunciar las presuntas ilegalidades. La Junta de Andalucía aseguró que había renunciado «a petición propia».

Se da la circunstancia de que Cañavate sustituyó en el cargo a Teresa Florido, cuñada del exconsejero Ángel Ojeda, imputado en el escándalo de los cursos y cuyo entramado de empresas está siendo investigado como uno de los más beneficiados en la recepción de este tipo de fondos. Florido fue una de las detenidas esta semana. Quedó en libertad con cargos.

Las pesquisas del Grupo de Delincuencia Económica se han centrado en las partidas de formación -abonadas en su mayoría con fondos europeos- otorgadas en los últimos cinco años, aunque las fuentes consultadas señalaron que los indicios apuntan a que el entramado de «clientelismo» al que aludía la juez Alaya en sus autos llevaría enraizado en la entrañas de la Administración autonómica desde 2002.

Piezas del engranaje

La investigación, que se extenderá a la información recopilada en esta fase, determina que los 16 arrestados no se lucraron, aunque sí fueron piezas necesarias para que el «engranaje» de concesión de subvenciones presuntamente fraudulenta. El objetivo final, según las fuentes, era hacer un reparto discrecional del dinero con el que obtener un rédito político.

A esta misma conclusión llegaron los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que llevan la investigación del «caso Edu» y que pone de relieve que era un «modus operandi» extendido por toda la región.

Los investigadores de la UCO consideran que se puede hablar de una auténtica «organización». No en los términos de asociación ilícita como en una banda de traficantes o ladrones de casas, pero sí en el hecho de que era un «entramado» irregular que se reproducía en todas las provincias.

950 millones sin justificar

La juez Alaya cifra en 950 millones el dinero destinados a los cursos de formación pendientes de justificar, lo cual da una medida de las dimensiones que podría adquirir este fraude. Los agentes ponen la lupa sobre un montante global de 13.000 millones.

Los 16 detenidos en la «operación Barrado», que presumiblemente tendrá una nueva fase cuando se analice la información recopilada en las declaraciones -y registros-, de los que quedaron en libertad con cargos. El balance de arrestados fue: nueve exdelegados provinciales de Empleo, cuatro exdirectores generales y tres responsables de centros formativos.