La investigación a Rosell marca el inicio de campaña en Podemos

Pablo Iglesias arrancó ayer su caravana electoral con una primera parada en Zamora, donde protagonizó la tradicional pegada de carteles junto a su padre y lanzando un guiño al voto rural. A bordo de un autobús morado con el lema de Podemos, «un país contigo», el equipo de campaña se embarcó con optimismo en la carrera al 20-D y haciendo su particular balance del barómetro del CIS, publicado esa misma mañana. «Evidentemente hay remontada», indicó el número dos, Iñigo Errejón, que defendió que en intención directa de voto y sumando los resultados de las alianzas de Podemos en Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia, suben en tres puntos con respecto al barómetro anterior. «Según ese CIS, que suele ser pesimista, somos primera fuerza en Cataluña y segunda en Valencia y Galicia, y en Madrid estamos ya por delante del PSOE y llamando a las puertas de la segunda fuerza», sostuvo.

A los micrófonos del bus de campaña dio inicio al viaje «el capitán», Pablo Iglesias. «Les agradecemos haber elegido nuevamente la ruta del cambio», dijo en castellano y en inglés. «Abróchense los cinturones, nos espera una travesía agitada en la que esperamos turbulencias políticas. Despegamos hacia el asalto a los cielos, gracias y disfruten del viaje», indicó.

La máquina del fango

Parte de esas «turbulencias políticas» son, a juicio de Iglesias, la «maquinaria del fango» que el Gobierno ha puesto en marcha para atacar a Podemos durante la campaña. Iglesias acusó al Ejecutivo del PP de «jugar sucio» al «utilizar a la Fiscalía» contra su cabeza de lista del partido morado por las Palmas al Congreso de los Diputados, la jueza Victoria Rosell. «Juego sucio», enfatizó, para añadir que es el ministro de Industria, José Manuel Soria, quien «ésta detrás» de la apertura de diligencias.

La fiscalía provincial de Las Palmas confirmó ayer que se encuentra investigando una posible infracción de la jueza en excedencia y candidata de Podemos Victoria Rosell, en relación a la posible simultaneidad de una causa judicial contra Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, y el alquiler por parte de este a Carlos Sosa, pareja sentimental de Rosell, de una frecuencia de radio. «En esta Fiscalía se han incoado en pasadas fechas unas diligencias preprocesales de carácter informativo que tienen por objeto valorar la posible comisión de una infracción disciplinaria que, en su caso, sería puesta en conocimiento de los órganos competentes del Consejo General del Poder Judicial», informó el portavoz de la Fiscalía Provincial de Las Palmas. Asimismo, aclaró que estas diligencias, que no tienen carácter penal, «se encuentran actualmente en tramitación, sin que se haya llegado a conclusión alguna en el momento de emitir este comunicado», según expresó el ministerio público.

La confirmación llegaba en momentos en que Rosell convocaba una rueda de prensa en la que apuntaba al ministro José Manuel Soria y al fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, como vinculados a la información publicada sobre esta operación entre el presidente del club de fútbol y su pareja sentimental.

Rosell acusó así al ministro de Industria de «estar detrás» de la «denuncia anónima» que ha llevado a la Fiscalía a investigarle por unos hechos que, a su juicio, no constituyen ningún tipo de delito y subrayó que ella dejó su juzgado —se encuentra en excedencia por su candidatura al Congreso— antes de que comenzase a negociarse el contrato entre la UD Las Palmas y su pareja, el periodista Carlos Sosa. La excedencia le fue concedida el 22 de octubre pasado y el contrato entre la radio de la UD Las Palmas y el periodista se firmó seis días después.

La juez, que ha sido señalada por Pablo Iglesias como su futura ministra de Justicia, dijo que se encuentra del lado de «los buenos», mientras los que la acusan forman parte de «los malos», y sostuvo que no solo no favoreció a Ramírez ni retrasó el procedimiento, como sostiene la fiscal del caso, Evangelina Ríos, sino que fue ella la que decidió ampliar a tres los delitos imputados al presidente de la UD Las Palmas (fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores), cuando la Fiscalía solo veía indicios del primero. «No he cometido ningún ilícito ni penal ni administrativo», añadió en alusión al acuerdo entre su pareja y el presidente de la UD Las Palmas, por unos 300.000 euros.