La estiba, radiografía de un conflicto que se ha extendido casi cinco meses

Este jueves se ha resuelto, al menos en principio, el conflicto de la estiba. Casi cinco meses después de que estallara. Sin embargo, ¿cuál es el origen de la situación vivida en los puertos durante las últimas semanas?

En septiembre de 2011 se aprobó un decreto ley que obligaba a toda las empresas de estiba a unirse a una misma sociedad anónima: Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) y participar en su capital. Un año después, la Comisión Europea avisaba a España de la necesidad de modificar la norma porque incumplía el libre establecimiento de empresas. De aquí se engendró el problema.

Durante los siguientes tres años, la Unión Europea le dio diversos «avisos» a nuestro Gobierno para que resolviera esta situación.

En 2015 el Ejecutivo prometió comenzar las negociaciones con los estibadores y en julio de ese año la patronal y los estibadores firmaron un documento que recogía las bases para elaborar una nueva propuesta.

La Comisión Europea instó al Gobierno cumplir la sentencia de la liberalización del sector en abril de 2016 y en julio de ese mismo año amenazó con una sanción de 134.000 euros por cada día de retraso en el cumplimiento.

Comienza el conflicto

En febrero de 2017, el Ministerio de Fomento anunció la aprobación de un decreto ley para cumplir las indicaciones de la Comisión Europea. Fue entonces cuando los sindicatos convocaron por primera vez unos paros parciales que no se llegaron a llevar a cabo, mientras la patronal denunciaba que los trabajadores estaban efectuando paros encubiertos y estaban ralentizando intencionadamente el ritmo de carga y descarga.

El 15 de febrero se reunieron el Gobierno, la patronal y los estibadores. Tras este encuentro se desconvocaron los paros y el Gobierno se comprometió a retrasar la aprobación de la reforma. Finalmente, el real decreto se aprueba el 24 de febrero y el PSOE anunció dos días después que no apoyaría la propuesta.

Los grupo volvieron a reunirse el 28 de febrero. Algunas navieras como Maersk comenzaron a hacer planes por los que desviaban los buques de los puertos españoles para evitar los paros anunciados a partir del 6 de junio. Los paros alternos que se habían anunciado a mediados de febrero volvieron a desconvocarse el 2 de marzo. Tras varios intentos de negociación les ofrecieron prejubilaciones con el 70% del salario. El 16 de marzo el Congreso derogó el real decreto-ley del régimen laboral de estibadores. Tan solo un día después Bruselas recordó que había «sanciones en marcha» si no se reformaba el régimen laboral de la estiba. El 20 de marzo volvieron a reunirse las tres vertientes del conflicto: Gobierno, patronal y representantes de los trabajadores con propuestas como prejubilaciones bien pagadas y la subrogación de los empleos para garantizar el 100% de los puestos de trabajo.

Falta de acuerdos

Los acuerdos no llegaron a buen puerto y el 23 de marzo se paraban de nuevo las negociaciones tras la denuncia de los trabajadores de propuestas como una disminución del 30% del salario sin garantizar el empleo. A finales de marzo, el conflicto de la estiba empezaba a afectar al tráfico de contenedores de algunos puertos españoles. El 29 de marzo el Gobierno rechazó un principio de acuerdo entre trabajadores y patronal.

Después de varios intentos de acuerdo con la mediación de CES incluida, el 5 de abril todavía no habían acercado posiciones y desde Bruselas se ultimaba la multa a España por no liberalizar el sector de la estiba.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció en repetidas ocaciones que los acuerdos que pondrían fin al conflicto estaban cerca. Sin embargo, no fue hasta el 12 de abril cuando el Consejo de Ministros aprobó el segundo decreto-ley. Huelgas encubiertas, amenazas de paros, protestas de los estibadores en el Congreso, de donde fueron desalojados el mismo día, 18 de abril, que la cámara aprobó el segundo decreto de la estiba con la abstención de PdeCAT. Tras esta aprobación Bruselas paralizó las sanciones y se propuso su revisión y el Gobierno volvió a reunirse con los estibadores.

Comienzan las huelgas

Las negociaciones no avanzaron durante todo el mes de mayo y tras muchas amenazas de huelga, los paros comenzaron el 5 de junio. Hubo paros en horas alternas los primeros días y durante 48 horas seguidas que comenzaron el 14 de junio, con un seguimiento de la huelga cercano al 100%. Hubo distintas reuniones con la intención de llegar a acuerdos cuando las pérdidas no solo se cifraban en más de 100 millones de euros sino que también conllevaron un impacto en el empleo, según el ministro de Fomento. Hubo nuevas huelgas entre los días 19 y 23 de este mes, pero algunos puertos, como el de Valencia, se desmarcaron al no secundar la huelga, a la espera de acuerdos individuales con el comité de empresa y las principales navieras. Los días 21 y 23, la huelga tuvo menos de un 20% de seguimiento gracias a los acuerdos que firmaron las principales navieras y los trabajadores, puerto por puerto, y al margen de la patronal del sector, Anesco.

Finalmente este jueves se anunció un preacuerdo con una patronal en descomposición (42 empresas abandonaron la organización por discrepancias con la posición de su directiva de aceptar las exigencias de los sindicatos) y se desconvocaron todos los paros tras más de cinco meses de conflicto.