La batalla inicial en el juicio de las tarjetas «black»: la validez probatoria del listado de los gastos

Las dos primeras sesiones que han levantado el telón del juicio oral por el uso de las tarjetas «black» de Caja Madrid y Bankia —la hora de la verdad— ha comenzado con una batalla por una cuestión de forma: la validez de la prueba principal que sostiene la acusación: el vergonzoso listado de gastos de los antiguos banqueros. Las defensas de los acusados centraron sus esfuerzos en intentar anular el juicio invalidando esta prueba por dos vías: denunciando que se violó su derecho a la intimidad al acceder a esos datos y sembrando dudas sobre su fiabilidad, al consistir en un documento Excel sin recibos.

Las acusaciones, con una brillante intervención del fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón, rebatieron esta denuncia y defendieron la validez de la prueba.

El representante del Ministerio Público aseguró que no hubo violación de ningún derecho fundamental al acceder a los correos electrónicos que aportaron la pista de las Visas opacas ni a los gastos cargados a las mismas.

Los abogados de las defensas —algunos de los más lúcidos, experimentados y costosos de los despachos españoles— arrancaron el pasado lunes alegando que Bankia violó su intimidad al entregar al FROB los datos sobre sus cargos, una información que desvelaba aspectos íntimos de su vida privada como su orientación sexual o sus creencias religosas. La lista de la compra (regalos de lencería, objetos de golf, instrumentos musicales o consumiciones en discoteca) era una «suerte de biografía» de sus titulares, argumentó el abogado de Alberto Recarte, y su difusión violó el derecho a la intimidad, protegido en el artículo 18 de la Constitución, según ellos.

Este acceso ilícito debería provocar la nulidad de la prueba, aseguran, como un fruto envenenado que infecta al árbol entero. El fiscal se opuso y explicó que Bankia tenía perfecto derecho a acceder a los correos de sus altos cargos, puestos estos versaban sobre cuestiones profesionales y estaban alojados en sus servidores. La pista de los supuestos delitos (uno de los correos hablaba de forma expresa de la existencia de unas Visas «black») le obligaba a investigar: la entidad pidió una auditoría e informó al FROB, quien a su vez denunció a la Fiscalía, quien abrió la investigación.

Según Bankia y la Fiscalía, los datos confidenciales siempre estuvieron en las manos de quienes tenían derecho a manejarlos, puesto que el FROB solo accedió a los informes de auditoría, no a los extractos de los gastos como tales, algo que cuestionan algunas defensas. El fiscal defendió su competencia para pedir los datos de los gastos con cualquier tarjeta de crédito para perseguir delitos.

Llegan los interrogatorios

Otra cuestión sobre la mesa en las dos sesiones de cuestiones previas (aspectos de forma previos al debate sobre el fondo del asunto) fue la validez del propio listado de gastos, recopilado en un documento Excel. Los acusados aseguran que no existen recibos y que Bankia no ha aportado los extractos bancarios. La entidad entregó un certificado informático para probar esta relación, pero algunas defensas creen que este asunto dará que hablar.

Además, Bankia y el FROB defendieron su legitimidad para acusar al sentirse agraviadas por el perjuicio económico de las Visas opacas, con las que en total 83 ex altos cargos gastaron 15,2 millones de euros entre 2003 y 2012. Las defensas exponen que la verdadera perjudicada, Caja Madrid, seguía existiendo tras el nacimiento de Bankia a través de una fundación y que ella es quien podría acusar.

El tribunal puede resolver estas cuestiones formales ahora o dejarlas para la sentencia final, en la que resolverá si los banqueros delinquieron al usar las tarjetas opacas. La Fiscalía considera que los exdirigentes de la caja se quedaron con un dinero que no era suyo ( delito de apropiación indebida) al utilizar unas tarjetas que eran para gastos de empresa en cuestiones privadas y caprichosas. El próximo viernes comienzan los interrogatorios, empezando con los acusados a los que mayor pena se pide, los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato, y las partes entrarán ya al fondo del asunto.