La corrupción suma pleitos

En esta semana han sido noticia varios cargos públicos por su imputación en distintas causas judiciales que se siguen por delitos vinculados a la corrupción política. Esos últimos días no son más que el reflejo de una realidad que a golpe de titular está trascendiendo a la opinión pública, que observa cómo ninguno de los tres partidos políticos con mayor capacidad de gobierno en la Junta y en los consistorios de la provincia (PSOE, PP e IU) tiene una nómina de representantes impoluta de imputaciones. Las investigaciones que cuestionan el proceder de responsables políticos dentro de la Administración pública han dejado de ser algo residual en los juzgados de la provincia.

Cádiz parecía vivir ajena a los grandes escándalos de corrupción que estallaron en localidades no muy lejanas como Marbella o Estepona durante la década pasada. Esa delincuencia vinculada al ladrillo parecía que pasaba de puntillas por la provincia andaluza con mayor superficie protegida por parque natural, pero donde las construcciones ilegales habían proliferado, ayudadas principalmente por la dejadez de los ayuntamientos. La corrupción urbanística salió a la luz coincidiendo prácticamente en el tiempo con el estallido de la burbuja inmobiliaria y el consiguiente final de los negocios oscuros a través de concesiones, licencias y permisos administrativos que abrían la puerta a beneficios millonarios. Pero llegó el día en que el pastel se acabó y no había más que repartir.

Sin asuntos tan mediáticos como el 'caso Malaya', parecía que la provincia escapaba de una de las grandes preocupaciones de la sociedad española -así lo atestigua el último barómetro del CIS-. Pero era sólo un espejismo fruto del desconocimiento o los secretos de sumario.

El aumento de procedimientos en esta materia es reconocida por la Fiscalía, principal impulsora de las causas que se tramitan o ya han sido juzgadas. Ese incremento, que se constata con sólo repasar la hemeroteca, ha conseguido que el narcotráfico, que ha llegado a generar casi 3.000 procedimientos judiciales al año, deje de ser noticia habitual.

Un repaso por las principales causas y los políticos más investigados confirman que la corrupción no es un problema exclusivo de un partido, pese a los discursos partidistas que la usan como arma arrojadiza contra el adversario.

También se llega a la conclusión que los medios judiciales son limitados para combatir esta lacra. La mayoría de los casos suman años de instrucción y al final se diluye la percepción de que la Justicia actúa. El propio presidente del TSJA, Lorenzo del Río, lo advertía en la última memoria de actividad del Alto Tribunal Andaluz: «El déficit de recursos y la situación de desbordamiento de la Justicia puede provocar que esos procesos de corrupción, a los que hay que dar una respuesta judicial rápida y efectiva, se prolonguen en el tiempo y duerman el sueño de los justos».

En dicho estudio, se hablaba de un incremento tan abrumador que hacía imposible enumerar en el mismo documento cada una de las diligencias que se estaban instruyendo.

La inversión nefasta en trabajo

Las cifras millonarias que se han manejado para incentivar la creación de empleo, a través de una mejor formación de los trabajadores o atrayendo a la iniciativa privada hacia la zona cero del desempleo español, han sido improductivas, a tenor de los más de 200.000 parados gaditanos según el último dato del INEM. Pero esa incapacidad manifiesta para combatir la principal lacra de la economía gaditana, no sólo es motivo de crítica política sino que también ha acabado en los tribunales por la comisión de delitos como el fraude.

El Plan Bahía Competitiva es un claro ejemplo de ello. Los cerca de 1.600 millones de euros anunciados por la Junta de Andalucía para amortiguar el impacto del cierre de la factoría Delphi en 2007 han servido para muy poco. El pasado 31 de diciembre expiraba el plazo inicial de ejecución con dos únicas empresas instaladas y una de ellas, Sadiel, anunciando el traslado a Sevilla. De esa inversión prevista, 21 millones acabaron en paraísos fiscales según la Policía Nacional y otros 26 fueron rescatados antes de que el Ministerio de Industria materializara la concesión de un nuevo paquete de ayudas a un entramado empresarial que supuestamente sólo buscaba pescar subvenciones. La Junta a través de su agencia pública IDEA, la Diputación en la etapa de gobierno del PSOE y los gestores del citado Plan Bahía están imputados.

Sobre ayudas a empresas que hicieron presuntamente un uso ilícito de ese respaldo público, se encuadraría uno de los dos asuntos judiciales que afectan de lleno al Consorcio de la Zona Franca cuando estaba controlado por el PP entre 1996 y 2004. En el 'caso Quality Food', la Abogacía del Estado acusa al exdelegado Miguel Osuna de haber perpetrado un plan junto al empresario y exmilitante de Nuevas Generaciones, Manuel García Gallardo. Dicho plan consistió supuestamente en maquillar las posibilidades de negocio de la firma de productos alimenticios para obtener sucesivas operaciones crediticias que generaron a la postre un agujero millonario en las cuentas públicas. Hoy, Quality Food es una sociedad en disolución por parte del Consorcio.

El predecesor de Osuna al frente del recinto fiscal, Manuel Rodríguez de Castro, fue condenado el año pasado a ocho años de prisión como «alma» de un proyecto empresarial que sólo tenía como fin captar sustanciosas ayudas públicas de las que acabó disponiendo el condenado. La cifra malversada según la Audiencia Provincial supera los cuatro millones de euros. El caso que se juzgó tras diez años de instrucción sigue vivo y pendiente del dictamen del Tribunal Supremo tras los recursos planteados por el exdelegado y la Fiscalía, que solicita más pena para Rodríguez de Castro y que se revoque la absolución a Miguel Osuna, también procesado en este asunto.

Los pufos en la formación

El otro eje al que siempre se apela en los discursos políticos para combatir el paro es la necesaria formación de los trabajadores, mejorando la que tienen o reorientándola hacia nuevas posibilidades laborales. Un mantra que se repite una y otra vez a un lado y otro del espectro político y por el cual se han invertido partidas millonarias, que no han impedido que Cádiz y Andalucía sigan soportando una cifra desbocada de desempleo.

Los destinatarios de gran parte de esas ayudas para formar a empleados han sido empresas y sindicatos. Y ninguno se ha librado de las sospechas. La Cámara de Cuentas reconocía recientemente irregularidades en los cursos de reciclaje que recibieron los antiguos trabajadores de Delphi, confirmando lo que desde el propio colectivo llevando años denunciando. Algunas de las empresas encargadas de impartirlos están vinculadas a un exconsejero de la Junta, Ángel Ojeda, en la diana por unas diligencias que se siguen en los juzgados de Algeciras. Es el 'caso Natura'.

Natura es una sociedad filial de la Fundación Forpe, al frente de la cual está Ojeda. Está siendo investigada desde 2012 a raíz de la denuncia de una docente que se negó a cobrar por impartir un curso para parados y cobrar mediante facturas falsas. La Junta ya le ha abierto un expediente por presunto desvío de 1,5 millones de euros.

Unas irregularidades parecidas son el motivo de la investigación iniciada en torno al uso de subvenciones que hizo el sindicato UGT-A. El escándalo le estalló tras ejecutar un ERE en sus propias filas y despedir a más de un centenar de trabajadores de Andalucía. Los afectados, que vieron cómo su sindicato les aplicaba la reforma laboral contra la que se habían manifestado en la calle, tiraron de la manta.

Sin control del dinero

Varias de las causas abiertas sobre corrupción en la provincia evidencian que los delitos pudieron cometerse por una falta de control en la gestión del dinero público. Ése es el principal argumento que ha llevado a la imputación al exgerente del ente público ISE, dependiente de la Consejería de Educación y encargado de las obras en los centros. La Fiscalía denunció en 2011 la presunta malversación de 3,6 millones de euros que debieron invertirse en colegios. La causa, que sigue en instrucción, arrastra ya a una treintena de imputados. Su principal implicado, Fernando Ameyugo, niega haberse lucrado pero ya admite que pudo haber errores administrativos porque se licitaban obras con urgencia. Dos informes de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil sostienen que sólo se ejecutó el 20% de los trabajos encomendados durante los años 2006-2008.

Las corruptelas locales

La última memoria del TSJA subrayaba Jerez y Algeciras como los municipios cuyos juzgados acumulaban más causas vinculadas con la corrupción. El exalcalde jerezano, Pedro Pacheco, pasará a la historia como uno de los regidores que más tiempo ha permanecido al frente de un Consistorio pero también como el primer alcalde de la democracia que entre en prisión cumpliendo una condena por prevaricación de la provincia. Pendiente del Supremo, ya tiene una pena de más de cuatro años de prisión por enchufar a dos compañeros de partido en empresas municipales. Además se enfrenta a otras dos acusaciones de la Fiscalía Anticorrrupción que le pide en total 12 años de cárcel por un pelotazo urbanístico y regalar una reforma en la casa de El Rocío con dinero público.

Pese a la grave situación procesal del exlíder andalucista, es el exregidor de El Puerto, Hernán Díaz (Independientes Portuenses), quien acumula más denuncias por prevaricación.

Municipios como Chipiona, Sanlúcar, Rota, Puerto Serrano, Medina o La Línea, entre otros, también aparecen en el mapa de la corrupción por tener alcaldes o exalcaldes, imputados o condenados. Una lista multicolor en lo político que habla de una época distinta a aquella, la de la bonanza, cuando la corrupción estaba pero no era noticia.