'Antxon'.
ESPAÑA

La Audiencia se declara competente para investigar a ETA por genocidio

El juez Gómez Bermúdez pide a las fuerzas de seguridad un informe sobre ETA y todas sus direcciones para decidir si admite la causa

MADRID. Actualizado: Guardar
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El hijo de un exalcalde vizcaíno perseguido, exiliado y finalmente ametrallado por ETA en octubre de 1979 antes de entrar a trabajar en su taller de camiones ha logrado, casi 35 años después, que la Audiencia Nacional se declare competente para investigar una querella por genocidio contra la banda terrorista. Se trata del primer paso para que se indague de forma retrospectiva si los fines perseguidos por ETA y sus diferentes cúpulas militares en sus 55 años de vida tuvieron una condición genocida, es decir, si se trató de un ataque generalizado y sistemático contra los civiles.

Una finalidad que, de confirmarse, no habría prescrito y la responsabilidad penal seguiría vigente, según la doctrina de los juicios de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial. Lo que no atendería a leyes de amnistía como la de 1977 ni otros supuestos que eliminasen el carácter imputable de los autores, según explicaron fuentes jurídicas.

La querella está personalizada contra históricos dirigentes de la banda, Juan Lorenzo Lasa Michelena, 'Txikierdi', Eugenio Etxebeste, 'Antxon', José Luis Ansola Larrañaga, 'Peio el Viejo', Francisco Múgica Garmendia, 'Pakito', y José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera'. Los cinco tienen hoy entre 60 y 78 años y componían su órgano máximo de dirección y ostentaban el dominio de la organización al menos entre septiembre de 1977 y 1993.

Con esta decisión se abriría la puerta a eliminar la prescripción de los crímenes cometidos por ETA desde 1977, año de la citada amnistía que ha impedido, entre otras cosas, investigar los crímenes del franquismo como delito de lesa humanidad, según la doctrina del Supremo.

De los querellados, se encuentran en libertad Lasa Mitxelena, Ansola Larrañaga, y Etxebeste. Los otros dos, Múgica Garmendia, está en prisión, y 'Josu Ternera', uno de los tres supuestos máximos dirigentes de ETA actuales y sobre el que pesa una orden de busca y captura internacional de la Audiencia Nacional, está huido.

'Txikierdi' fue el último en salir de prisión el pasado diciembre al beneficiarse de la derogación de la 'doctrina Parot'. Había permanecido preso durante 28 años. Cuenta con una dilatada trayectoria en ETA de la que llegó a ser su máximo responsable de 'comandos'. Además, fue portavoz del Colectivo de Presos hasta 2011.

Debate jurídico

La resolución que ha dado alas a la petición de esta víctima de ETA, cuyo crimen es uno de los 326 cometidos por la banda que habrían prescrito, parte de un auto de la Sala Penal en el que, en contra de la decisión inicial del juez instructor Javier Gómez Bermúdez, ve motivos para que la Audiencia se declare competente para investigar los hechos.

La decisión fue de la sección cuarta de la sala penal, que alegó que al tratarse de un delito de genocidio cometido por una banda terrorista contra ciudadanos españoles sí tiene encaje en el ordenamiento jurídico del tribunal central.

Corregía así el auto por el que Gómez Bermúdez rechazó el pasado 16 de octubre la admisión a trámite de la querella al considerar, al igual que la Fiscalía, que este tribunal no era competente en estos hechos porque el delito de genocidio cometido en España no aparece en el listado de infracciones que juzga ese tribunal.

Tras la decisión del órgano superior, el juez ha pedido una diligencia para decidir si admite a trámite la querella. Reclamó a la Policía, Guardia Civil y Ertzaintza un informe sobre los fines perseguidos por ETA desde su constitución en 1959 hasta hoy y sobre los integrantes de sus cúpulas en toda su historia.

Esta resolución coincide en la misma semana en que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco solicitó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya que investigue a tres dirigentes de Batasuna y a ocho destacados etarras por crímenes de lesa humanidad. Una petición que puede quedarse papel mojado con la declaración de competencia de la Audienca Nacional para juzgar casos de genocidio.