Rajoy esconde sus cartas políticas ante el desafío soberanista

La respuesta al desafío soberanista de Cataluña es de los pocos asuntos que los ministros reconocen que suscitan el debate en las reuniones del Gobierno. No existe una postura uniforme en el Ejecutivo. Mariano Rajoy no muestra sus cartas políticas, solo esgrime sus bazas jurídicas ante los pasos que pueda dar Artur Mas. En la Moncloa recuerdan que tienen muchos resortes legales, desde los requerimientos a la Generalitat, los recursos ante el Tribunal Constitucional y hasta la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pero no tienen concesiones que hacer ni nada que negociar.

Un ministro del círculo cercano al presidente del Gobierno reconocía en una conversación informal que el de Cataluña es el problema más grave que tiene España y, probablemente, el de más difícil resolución desde la restauración de la democracia. El elemento que lo hace más complejo es que en Cataluña, a diferencia de lo que ocurrió en el País Vasco dividido por la mitad ante el plan Ibarretxe, hay ahora una sólida mayoría soberanista. «Hasta en mi familia catalana, gente conservadora y de orden, dicen que estarían mejor sin España. Hasta ese punto ha calado el mensaje», comentaba otro miembro del Ejecutivo.

Rajoy recibe mensajes para que busque una salida política airosa a Mas a cambio de renunciar a la consulta, pero también le llegan otros en sentido contrario, convencidos de que la marcha atrás ya es imposible. El presidente del Gobierno ha pasado del discurso contemporizador y dialogante a utilizar la artillería verbal una vez que el presidente de la Generalitat anunció el acuerdo sobre la pregunta y la fecha del referéndum. Hasta ese momento, había instado a Mas a dialogar y a que aplicase el sentido común. Pero desde el jueves pasó de los paños calientes a la crudeza. No hay nada que hablar ni que negociar, dijo nada más conocer el nuevo paso. Una respuesta que repicó después la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría e hicieron suya todos los miembros del gabinete.

Rajoy señaló ayer desde Murcia, donde clausuró una convención regional del PP, que no iba a «trabajar para acentuar las diferencias sino para acentuar lo que nos une». Es decir, que nadie espere represalias contra Cataluña. Pero al mismo tiempo vino a decir que tiene las manos atadas por la Constitución y las leyes, y que aunque quisiera, que no quiere, buscar una salida política esta no existe. «Lo que sea España es una decisión que no corresponde a ningún Parlamento sino a todos los españoles», o lo que es lo mismo, el futuro de Cataluña no lo pueden decidir los catalanes sino la totalidad de los españoles.

Esperar

El Gobierno lo que no va a hacer es precipitarse en la toma de decisiones y anticipar posturas. Va a esperar, según reconocen fuentes gubernamentales, a conocer los pasos de Mas y a actuar en consecuencia. Es decir, cuando la petición de cesión de competencias para celebrar el referéndum llegue al Congreso, allá por febrero, el PP votará en contra de la mano del PSOE. Si pese a ese revés el presidente catalán sigue adelante, esperará a que haga la convocatoria oficial de la consulta para presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional. Y ahí, confían en el Ejecutivo, Mas debería frenar su desafío e inclinarse por lo que está en su mano, convocar elecciones autonómicas anticipadas para dar paso a un nuevo gobernante, aunque las fuerzas soberanistas quieran vestir esos comicios de plebiscitarios sobre el futuro de Cataluña.

El problema, sin embargo y según reconoce más de un ministro, no estará resuelto porque el sentimiento y las ansias independentistas de una mayoría social en Cataluña no se volatilizan con marcos constitucionales y legales restrictivos ni con la prohibición de celebrar referendos.