Baile de cifras por el fraude en el cobro de prestaciones del paro

El Gobierno infló ayer las cifras relativas a la lucha contra el fraude fiscal y laboral, en un intento por atribuirse un éxito en la persecución de la evasión de impuestos y de la picaresca en el cobro de prestaciones por desempleo. Tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que durante su cruzada contra el fraude en la Seguridad Social, los inspectores habían cazado a 520.572 perceptores indebidos en el último año y medio, es decir, entre enero de 2012 y julio de 2013. Sin embargo, el Ministerio de Empleo había anunciado en agosto que el número de perceptores fraudulentos detectados en el primer semestre y que habían perdido la prestación ascendía a 60.004, de los que 5.833 eran falsos parados, es decir, personas que cobraban la prestación al mismo tiempo que trabajaban. La explicación está en que la cifra proporcionada por la número dos del Ejecutivo mezcla sanciones leves e incluso irregularidades administrativas con fraude verdadero.

La vicepresidenta aseguró que «se han hecho investigaciones y comprobaciones que han afectado a más de 520.000 perceptores indebidos de prestaciones y han permitido ahorrar más de 3.161 millones de euros» a las arcas públicas. Empleo matizó después que la mayoría de esos afectados han sido sancionados por incumplir requisitos como la ausencia de comunicación de rentas o prestaciones o por no renovar su condición de demandante de empleo. Es decir, por no sellar cuando corresponde la conocida tarjeta del paro.

Las sanciones aplicadas varían en función de la gravedad de la infracción detectada, y pueden ir desde la suspensión del cobro de las prestaciones durante un período de uno a seis meses -es el caso de la mayoría- hasta la extinción de este beneficio. Sin embargo, Sáenz de Santamaría simplificó todos los términos y redujo las irregularidades de «más de medio millón» de parados a «personas que cobran prestaciones por desempleo y sin embargo trabajan fraudulentamente, trabajan en B».

El Ministerio de Empleo había publicado en agosto en su página web que «en lo que se refiere exclusivamente al primer semestre de 2013, se ha retirado la prestación por desempleo a 60.004 beneficiarios de la prestación por falta de disponibilidad para el empleo, incumplimiento de los requisitos de acceso y mantenimiento de la misma, frente a 52.269 en 2012». Esa cifra supone un incremento del 14,80% respecto del mismo periodo de 2012. «El impacto económico en 2013 asciende a 915,22 millones de euros, que frente a los 796,18 millones en 2012 supone un incremento de 119,04 millones de euros», aseguraba Empleo hace sólo dos meses.

Uno de cada seis

Si las cifras facilitadas por la vicepresidenta ayer fueran correctas, uno de cada seis parados del país serían defraudadores, dado que a comienzos de 2012 el número de desempleados que cobraban prestaciones ascendía a 3.012.045. De ellos, algo más de 1,3 millones se beneficiaban de prestaciones contributivas, otros 1,3 millones percibían pagas asistenciales y más de 200.000 la Renta Activa de Inserción. La tasa de cobertura de las prestaciones públicas sobre el total de parados fue ese año del 66,86%. Según el departamento que dirige Fátima Báñez, a finales de junio de 2013 el número de beneficiarios de prestaciones había bajado hasta 2.810.625.

La vicepresidenta también presentó como un gran éxito sus políticas contra el fraude fiscal. Según sus cálculos, han tenido un impacto económico de 22.500 millones entre enero de 2012 y la primera mitad de 2013. De esa cantidad -dijo- 16.500 millones corresponderían a «fraude fiscal» y otros 6.000 millones a «empleo irregular». La cifra global de 22.500 millones incluye los resultados del plan de lucha contra el fraude ya aplicado en 2012, de los que el Ejecutivo ha alardeado como un gran éxito varias veces ya este año. Y, por suspuesto, los más de 3.000 millones que asegura Sáenz de Santamaría que el Estado habría ahorrado por el cobro irregular de prestaciones.

El control del fraude en prestaciones por discapacidad o incapacidad temporal habría ahorrado otros 408 millones. Y se detectó actividad no declarada a la Seguridad Social por 1.741 millones.