Las universidades presionan a la Junta para que les pague la deuda

El modelo de universidades públicas de Andalucía se enfrenta a su propia viabilidad después de saber, ayer de boca de la consejera de Hacienda, que la Junta de Andalucía no tiene liquidez para hacer frente a su compromiso presupuestario inicial. Los rectores de las diez universidades, agrupados en la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (Aupa), se reunieron con la titular de este departamento, Carmen Martínez Aguayo, y el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila, y sólo lograron arrancarles el compromiso de crear un grupo de trabajo para establecer un plan de pagos y abordar los más urgentes.

A la espera de que el Gobierno concrete el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), los rectores se ponen en cola para intentar cobrar su deuda con la Junta y pidieron esta reunión ante su asfixia económica, para reclamar un plan de tesorería que les garantice el pago de dicha deuda, que cifran en 750 millones de euros. Sin embargo, los consejeros le trasladaron ayer que dicho plan es imposible «mientras no estén resueltos los problema de liquidez de la propia administración autonómica».

Las secretarías generales de Universidades y de Hacienda y las gerencias de las universidades se reunirán de forma «inmediata» para determinar «las obligaciones más apremiantes que atender para garantizar el funcionamiento ordinario de las instituciones universitarias a corto plazo».

Los rectores afirman que a causa del «progresivo deterioro en los niveles de pago», ya en 2011 de las transferencias comprometidas por parte de la Junta sólo fueron el 60% de las previstas y el problema no se ha corregido este año, sino que ha aumentado. Estos retrasos han provocado «una situación de tesorería insostenible, que se traduce en impago a proveedores, problemas en los abonos de becas Erasmus, investigación, infraestructuras y equipamientos y en otros aspectos esenciales para nuestro funcionamiento, poniendo en riesgo la eficacia de cualquier estrategia de ahorro y austeridad que se implemente».

No obstante, defienden su actuación y dicen que han gestionado adecuadamente sus dotaciones, ya que este año han ajustado en 130 millones de euros sus cuentas.

Los rectores andaluces demandan que «se garantice la continuidad de las actividades docentes e investigadores, que son la esencia de las universidades, en condiciones de normalidad y calidad» y confían en que el compromiso expresado por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en materia de educación pública «se materialice en breve, en el caso de las universidades, en planes concretos y dotación de recursos».

Los consejeros Avila y Aguayo, además de transmitir a los rectores que la Universidad forma parte de las prioridades de la Junta y elogiar su «lealtad institucional y responsabilidad», les garantizaron su compromiso para trasladar al Gobierno la necesidad de que la institución pueda acogerse en el futuro plan de pago a proveedores, con quienes las universidades tienen una deuda conjunta cifrada en unos 300 millones de euros.