Dávila Ouviña sale en libertad bajo una fianza de solo cien mil euros

El caso Bahía Competitiva que investiga el fraude a las ayudas para la reindustrialización tramitadas a través de este plan -nacido a partir del cierre de Delphi-, no tiene ya a ninguno de sus principales implicados en prisión. La Audiencia Provincial de Cádiz, en un auto firmado el cinco de marzo, ha revocado la decisión de la jueza que dirige esta compleja investigación y que en diciembre había acordado mantener en la cárcel al cabecilla del entramado empresarial que presuntamente recibió 24,7 millones de euros en subvenciones que no se invirtieron en proyectos empresariales.

La Sección Cuarta ha impuesto una fianza de 100.000 euros a Manuel Alejandro Dávila Ouviña que ha dejado de ser un preso preventivo para volver a la calle en libertad provisional. La cuantía señalada por los magistrados ha causado sorpresa, según fuentes judiciales, ya que está muy lejos de la cantidad que supuestamente habría defraudado al Estado a través de una red de empresas sin actividad alguna y que sirvieron para desviar un millonario caudal de capital público a paraísos fiscales y fondos de inversión privados.

La Policía cifra el agujero económico que habría provocado el supuesto cabecilla de la operación en 24,7 millones. Una cantidad superior a los 14,5 millones que oficialmente le reclama el Ministerio de Industria desde el verano pasado, cuando el Estado tuvo que recurrir al BOE para hacer pública la orden de reembolso ante la imposibilidad de localizar al escurridizo empresario. Si bien, en noviembre la Policía solo tuvo que acudir a su pueblo natal de A Pobra (La Coruña) para arrestarlo por los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y fraude de subvenciones. El 5 de noviembre, el juzgado n º3 de Riveira (La Coruña) lo mandaba a prisión sin posibilidad de fianza.

Esa medida cautelar fue ratificada un mes después por la jueza del nº 4 de Cádiz, que dirige la instrucción, y Dávila Ouviña recurrió ante la Audiencia alegando que no existe peligro de fuga y que toda la documentación relevante para el caso ya fue confiscada por la Policía.

La Fiscalía también se ha opuesto a modificar la situación personal del principal implicado en un fraude que ha entrado de lleno como ingrediente de la campaña electoral con cruces de acusaciones entre PSOE y PP.

Riesgo de destruir pruebas

La instructora desestimó la libertad provisional del imputado por el riesgo de destrucción de pruebas y porque continúan vigentes los indicios que le señalan como posible responsable de un fraude millonario. De la lectura del auto dictado por la Audiencia se desprende que la jueza también reconoció que no se habían practicado todas las diligencias necesarias por el volumen enorme de trabajo que soporta el órgano de Instrucción nº 4 de Cádiz. El tribunal de la Sección Cuarta le ha respondido que «los posibles retrasos del juzgado» no puede «perjudicar» al empresario «ni servir de excusa para mantener una medida de naturaleza tan gravosa y excepcional». Consideran los magistrados que los cinco meses que han transcurrido desde que Dávila Ouviña ingresó en la cárcel «es tiempo suficiente» para que se hayan recabado todos los medios de prueba necesarios para determinar los hechos que se le imputan.

El auto arroja otros datos sobre el avance de las investigaciones que hasta la fecha se desconocían. Los magistrados de la Audiencia confirman que aún «concurren indicios contra el recurrente y así se desprende de las diligencias practicadas». Esto significa que la línea marcada por la Policía en sus pesquisas se va ratificando y que la instrucción del caso «está muy avanzada».

El empresario gallego deberá comparecer cada 15 días y «cuantas veces sea llamado» ante el juzgado.