Corrupción en crisis

La crisis financiera, el estallido de la burbuja inmobiliaria y la actuación institucional contra la corrupción han provocado cambios en una lacra pública que previsiblemente vaya a menos en los próximos años. Los casos que hoy circulan por los juzgados y los tribunales datan ya de un tiempo en el que la corrupción urbanística parecía remitir mientras, por contraste, destacaba el viejo recurso a la contratación irregular con las administraciones. La crisis fiscal e inmobiliaria ha desembocado en una repentina estrechez de las cuentas públicas, lo que hace que se reduzcan drásticamente las oportunidades para la corrupción institucional. Aunque ello podría conducir también a una relajación de los mecanismos de prevención y seguimiento que el Estado ha ido poniendo en marcha ante tan escandaloso desafío al gobierno democrático de las instituciones. En este sentido, en un momento en que a los ciudadanos se les exigen enormes sacrificios, resulta vital desarrollar todas las medidas necesarias para frenar la corrupción. La ley de Transparencia, que el Ejecutivo prevé aprobar durante este mes, debe convertirse en una herramienta útil para aumentar el control sobre las actividades públicas. El lucro obtenido al facturar al alza servicios que los corruptores contratan de forma ventajosa con responsables públicos corrompidos se ha acomodado con frecuencia en un reparto cómplice del mercado o, cuando menos, en un silencio igualmente cómplice en la competencia y en la política. Un fenómeno debido a los déficits que nuestro país presenta en cuanto a la transparencia de las operaciones públicas en relación a los intereses privados. Por su parte las irregularidades urbanísticas gozaron durante tiempo de un cierto halo de prosperidad compartida en las localidades objeto de la avaricia, lo que propiciaba la impunidad política de alcaldes y concejales. En este sentido la debacle financiera e inmobiliaria ha echado por tierra la falacia delictiva que presentaba la gestión depredadora de determinados líderes locales como una ocasión favorable a los intereses de sus convecinos. Pero sería ingenuo encomendar a los ajustes presupuestarios la responsabilidad de prevenir el cohecho y la prevaricación en sus nuevas variantes.