Responsabilidad de los gestores públicos

El principal deber de un gestor público es cumplir la ley. La autoridad que no la aplica en su ámbito competencial es responsable de su incumplimiento, aunque determinadas leyes sistemáticamente se ignoran y son como papel mojado. La ley 15/2.010 establecía un plazo de 50 días en la demora de las administraciones en el pago a sus proveedores para el año 2.011 y de 40 días a partir del 1 de enero de 2.012, y la realidad parece que es al contrario, pues los retrasos se van alargando. Conforme el artículo 145 de la Ley 30/1.992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas se podría exigir responsabilidad patrimonial personal a la autoridad pública y al personal al servicio de las administraciones públicas que incumpliera la ley por dolo, culpa o negligencia graves, con objeto de indemnizar los daños causados. Ya en agosto de 2.010 se condenó al alcalde sevillano de Castilleja de Guzmán a pagar con sus bienes a un proveedor, ante el impago del consistorio. El regidor municipal recurrió, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó la sentencia. Ese tribunal argumentó que las dificultades de tesorería no son excusa para no pagarlas. Una autoridad no está sólo para cobrar más, al contrario, recibir altos emolumentos conlleva un plus de responsabilidad. Si esta doctrina se generalizara, el gestor público no gastaría lo que no tiene y reduciríamos el déficit de todas las administraciones. Al nuevo Gobierno le bastaría con utilizar las leyes actuales para poder exigir las responsabilidades que anuncia sin necesidad de cambio normativo alguno. Incluso, la propia Esperanza Aguirre ha declarado que la actual legislación es suficiente. Sólo hay que tener voluntad política para aplicarlas, por lo que la modificación de la normativa podría entenderse como una tabla rasa de todas las malas gestiones anteriores.

También, a los consejeros o administradores de las empresas públicas, que se rigen por el derecho privado, se les podrían aplicar las mismas responsabilidades que a los gerentes de una empresa privada, sobre todo en los procesos de liquidación y en las situaciones de insolvencia. Bastaría con no alimentar sistemáticamente con financiación pública a estas empresas. Con ello se evitaría que políticos defenestrados por las urnas y sin experiencia empresarial sean recolocados allí.