Reforma a prueba

La aprobación de la reforma del artículo 135 de la Constitución por el Congreso, con 316 votos a favor del PSOE, PP y UPN, 5 en contra y la ausencia o el 'no voto' de los demás grupos parlamentarios, dejó ayer una sensación agridulce. La iniciativa de incluir en la Carta Magna el principio de estabilidad presupuestaria ha trascendido sin duda hacia el exterior, mereciendo no solo el reconocimiento de Merkel y Sarkozy, sino la consideración de cuantas instancias venían evaluando con preocupación e incluso con severidad la solvencia de España para hacer frente a la deuda contraída y a sus futuras emisiones. Pero la medida pactada entre Zapatero y Rajoy para evitar el mal mayor de la amenaza recesiva sobre la economía española ha comportado su coste desde el punto de vista de la política interna. Un coste que será llevadero solo si la reforma contribuye a disipar en lo inmediato el clima de incertidumbre vivido durante agosto. El pleno parlamentario de ayer reprodujo los excesos verbales que los contrarios a la reforma esgrimieran en el pleno del pasado martes. Unos declarándose «expulsados» de la Constitución, y otros calificando el procedimiento seguido de «expropiación de la democracia», de «involución» sus efectos o de «ilegítima» e «inconstitucional» la iniciativa. La rienda suelta a una oposición impostada llegó al injustificable extremo de que Llamazares vetara una transaccional entre CiU y los proponentes de la reforma. Tanto el Gobierno y su partido como la formación aspirante a la alternancia asumieron ayer la responsabilidad de un cambio constitucional argumentado en la gravedad de las vicisitudes económicas por la que atraviesa España. De modo que tan firme compromiso frente a la contestación de los demás grupos obliga a ambos a extender tal sintonía al resto de sus actuaciones en lo que dure la legislatura. Pero el clima de disconformidad alentado por las formaciones opuestas a la reforma tampoco puede eximirlas de pronunciarse sobre cómo piensan que debería contenerse el déficit y sobre los criterios de endeudamiento a los que han de someterse las administraciones públicas cuyo gobierno ostentan o al que aspiran.