Disyuntiva socialista

El anuncio de que Zapatero había alcanzado un acuerdo con Rajoy para introducir en la Constitución una disposición estableciendo el límite de déficit que podrá asumir el Estado generó en el seno del PSOE reacciones de desconcierto e incomodidad. Tales reacciones no son ajenas a la inquietud que la proximidad de los comicios generales suscita en sus filas. La decisión de alargar lo más posible la legislatura en momentos económicos tan convulsos ha llevado a los socialistas a la disyuntiva de actuar como gobierno hasta el último día y con todas las consecuencias o desprenderse cuanto antes de semejante responsabilidad para situar al Consejo de Ministros al servicio de la próxima campaña. La postura que al parecer defendería el candidato Rubalcaba, reacia a precisar el tope de déficit en la cláusula constitucional, sería su reflejo más palpable. La querencia por dejar hasta el último momento las decisiones más trascendentes le está suponiendo a Zapatero un desgaste añadido respecto a muchos dirigentes de su partido. Pero sobre todo está demostrando que una bicefalia tan asimétrica e indefinida como la que el comité federal socialista instauró con la nominación de Rubalcaba como líder electoral puede constituir más una fuente de división interna que de ampliación del espectro social que el PSOE querría abarcar combinando su acción de gobierno con su oferta programática. Además, las disensiones entre los socialistas y las diferencias que se manifiestan en relación al PP en cuanto al nivel de concreción que ofrezca la nueva disposición constitucional en relación al déficit y a la deuda atenúan sus efectos positivos y relativiza su alcance. Una vez anunciada la reforma, la rebaja de su contenido literal para un desarrollo legislativo posterior podría llegar a tener efectos más nocivos para la solvencia política y económica de España que si Zapatero y Rajoy no hubiesen procedido a una iniciativa hilvanada tan precipitadamente. Algo que en nada beneficiaria a los socialistas. En cualquier caso, las necesidades electorales del PSOE no deberían situarse por encima de las obligaciones que en el gobierno de las cuentas del Estado ha asumido el Ejecutivo de Zapatero.