El arquitecto Pallí Selga vuelve al banquillo por un caso de obra nueva

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz celebra el próximo martes un nuevo juicio por un delito urbanístico, vinculado con los conocidos como casos de obra nueva, en el que vuelve a estar involucrado el arquitecto Joaquín Pallí Selga, condenado en al menos una ocasión y acusado en todo un rosario de causas similares, por firmar supuestamente informes de nueva construcción falsificados, para hacer pasar por antiguas viviendas ilegales recién construidas.

Lo acompañarán en el banquillo, cuatro personas más: Conrado B. G, Rosario A. S, Andrés M. A y Antonio C. S. Los dos primeros son los propietarios de una finca en el pago Almendral, en El Puerto, donde construyeron supuestamente una vivienda de 120 metros cuadrados, a pesar de que se trataba de un suelo no urbanizable.

Los otros dos acusados, compraron supuestamente la finca «a sabiendas de que era ilegal» y «continuaron ejecutando la obra», según indica la Fiscalía, que califica estos hechos como un delito contra la ordenación del territorio, y pide para cada uno de estos cuatro supuestos promotores una pena de prisión de un año, más una multa de un año con una cuota diaria de seis euros, es decir, 2.190 euros cada uno.

Además, en el juicio se juzgará un delito de falsedad documental, en el que sí está considerado autor Joaquín Pallí Selga. Según la Fiscalía, el arquitecto elaboró en abril de 2006 -en pleno 'boom' urbanístico- un informe de obra nueva, en el que aseguraba que la vivienda contaba con cinco años de antigüedad y contaba con 120 metros cuadrados, cuando en aquella época en la finca sólo existía una pequeña edificación no más grande que un trastero. Como prueba de ello, la Fiscalía presentará una fotografía aérea, en la que se aprecia la finca con la pequeña construcción.

Gracias a este informe, los acusados Conrado B. G. y Rosario A. S, lograron supuestamente una escritura legal de la vivienda, pues el supuesto delito urbanístico prescribe a los cinco años. Por este motivo, el Ministerio Público también acusa a ambos del delito de falsedad documental, por el que se pide también un año y tres meses de prisión y nueve meses de multa con una cuota diaria de seis meses (unos 1.620 euros).