Descoordinación inadmisible

Era perfectamente previsible que la puesta en libertad del sanguinario etarra Antonio Troitiño iba a causar una importante alarma social y un serio perjuicio a la lucha antiterrorista. Finalmente, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la misma que el pasado miércoles excarceló a Troitiño al aplicarle la doctrina del Constitucional del doble cómputo de la prisión provisional, quiso rectificar al publicarse este lunes otra sentencia del Supremo referida a dos etarras en la que los períodos cumplidos de prisión provisional se restaban a cada una de las condenas pero no sobre el total de la pena impuesta. De ahí que los tres magistrados de dicha sección se reunieran de nuevo el martes para revisar su decisión anterior y restablecer el cómputo anterior según el cual Troitiño debería permanecer en prisión hasta enero de 2017. Los tres magistrados explican en el nuevo auto que su cambio de criterio se debe a que el Supremo «completó» su doctrina en una sentencia hecha pública el pasado lunes. El lenguaje forense también usa eufemismos justificativos. En estos tiempos de efervescencia política preelectoral es muy difícil que este manifiesto error de la corporación judicial no genere un agrio cruce de acusaciones en el seno de la clase política con clara erosión de la unidad antiterrorista. Sin embargo, en este caso es poco dudoso que las fuerzas de seguridad del Estado pudieran haber hecho algo, sin transgredir la ley, para mantener controlado a Troitiño. Por ello, esta vez habría que elevar más bien la mirada hacia los principales órganos jurisdiccionales, cuya rivalidad está en el origen de la gran descoordinación, para exigirles una mayor unidad de acción que evite episodios similares. La ciudadanía, por muchas explicaciones jurídicas que se exhiban, no puede entender las razones que permitieron que un terrorista con 22 asesinato a sus espalda saliera a la calle seis años antes de lo previsto y tras haber purgado poco más de un año por cada víctima.