Junta y Gobierno sellan la paz en vivienda protegida con un convenio de 57 millones

La secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, Beatriz Corredor, y la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, sellaron ayer en Sevilla la paz anunciada por Rubalcaba y Griñán en materia de vivienda con un acuerdo bilateral sobre las actuaciones del plan estatal en Andalucía, que incluye una última partida de 57 millones de euros destinada a una treintena de ayuntamientos. Con esos 57 millones, más los 44,3 que aporta la Junta, los ayuntamientos podrán construir o rehabilitar 6.374 alojamientos. Parte del dinero también va a erradicación de infravivienda y al mantenimiento de las ventanillas únicas municipales.

Para ello, alcaldes o sus representantes firmaron medio centenar de convenios en un acto en presencia de Corredor, Cruz y Luis García Garrido, delegado del Gobierno en Andalucía. Corredor explicó que esa cantidad es la última partida de los 311 millones de euros que el plan estatal 2010 destina a Andalucía y cuyo montante global fue dado a conocer por Rubalcaba. En total, serán 24.184 las actuaciones en vivienda del Ministerio de Fomento en Andalucía para este año.

Entre ellas cabe destacar la ayuda a 6.077 familias para pagar el alquiler de su vivienda, el triple de lo acordado inicialmente; la financiación de 8.293 viviendas protegidas, de las que 3.142 serán en régimen de arrendamiento; y la rehabilitación de otras 6.500 viviendas.

Sin necesidad de firma

Josefina Cruz explicó que para las otras partidas no hacía falta un acto de firma como el de los alcaldes de ayer, ya que muchas de estas ayudas han ido directamente a particulares para la entrada del piso, el pago de la hipoteca o para promotores. El Gobierno también incluye la renta básica de emancipación destinada a los jóvenes.

Beatriz Corredor insistió en que Andalucía es una de las comunidades que mas fondos recibe del Estado, en que la vivienda es una prioridad para el Ejecutivo de Zapatero y en que los recortes y el ajuste anunciado cuando era ministra no van a afectar a las inversiones comprometidas. En este punto, Corredor recordó que el Gobierno ha aprobado una especie de moratoria a las ayudas de la VPO tal como pedía el presidente Griñán, aunque no en los términos que este expresaba. Lo aprobado consiste en ampliar de 10 a 15 años la subsidiación de los préstamos en la compra de VPO y en incrementar en 4.000 euros la subvención, al pasar el tope que puede recibirse de 10.500 a 14.500 euros. Josefina Cruz manifestó que la medida compensa «en parte» la intención del ejecutivo de priorizar la financiación del alquiler y la rehabilitación en detrimento de las ayudas a la VPO.

Como se recordará, este objetivo, anunciado el pasado mes de julio por Beatriz Corredor cuando era ministra de Vivienda, fue rechazado airadamente por el Gobierno andaluz. Griñán llegó a calificar la medida de drástica y la consejera entonces de Obras Públicas, Rosa Aguilar, protestó a Corredor. Entre ambos gobiernos se abrió otra brecha de desentendimiento. La propuesta daba jaque mate al plan concertado de vivienda de esta comunidad, con una previsión de 132.000 VPO entre 2008 y 2012.

Incógnita sobre las afectadas

La Junta nunca ha querido dar las cifras de a cuántas viviendas afectaría el recorte estatal, pero el PP volvió a recordar ayer que perjudicará al menos a 44.000 ya solicitadas y a la espera de confirmación. En 2009 se llegaron a calificar como VPO 23.824 inmuebles. Hoy Aguilar es ministra de Medio Ambiente, Corredor es secretaria de Estado de Vivienda, y esta materia depende de Fomento. El pasado día 13, el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciaba la paz entre Junta y Gobierno por este conflicto, que ayer sellaron Cruz y Corredor con 57 millones.

Sin embargo, ambas siguen sin explicar cuántos proyectos de compra de VPO del plan andaluz deberán retrasarse por el giro en la financiación del estatal. Corredor insistió ayer en que la medida no afectará a las VPO ya calificadas.

La portavoz del PP en materia de Vivienda, Alicia Martínez, no se fía. Para el PP, el acto de ayer fue puro marketing. «Nos encontramos ante una operación de marketing absoluto para tapar lo que afectará a Andalucía al suprimirse las ayudas a la entrada de la vivienda protegida», dijo.

Según Martínez dijo ayer a Europa Press, hay 44.000 que están calificadas provisionalmente y cuyos proyectos están esperando la financiación de los bancos, «pero que hoy por hoy no tienen esa financiación y no se van a poder beneficiar de esas ayudas».