El candidato al Colegio de Abogados, imputado por un delito contra Hacienda

Pasado mañana, el abogado Luis Morillo Moreno pedirá el voto a sus colegas de profesión para que lo elijan como decano del Colegio de Abogados de Cádiz, en lugar del actual, el letrado José Manuel Jareño (decano desde 2007). Su candidatura a las elecciones -que se celebran cada cuatro años- ha sido toda una sorpresa, aunque sus críticas a la gestión de la actual Junta de Gobierno colegial no son nuevas y se remontan un año atrás, cuando abrió un blog en internet presentado como foro profesional alternativo al que ya existe en la web del Colegio, y en el que denunciaba ciertas carencias de la profesión.

Un requisito fundamental para presentarse al cargo es que los candidatos no hayan sido condenados por la Justicia. Requisito que Morillo cumple. Sin embargo, según tuvo conocimiento ayer este periódico, el abogado de Barbate se encuentra imputado desde hace cuatro años y procesado desde hace dos, por un supuesto fraude a la Hacienda Pública, un delito de falsificación documental y otro de alzamiento de bienes, en un procedimiento judicial en el que también están implicada más de una veintena de empresarios gaditanos a los que un juez chiclanero les imputa la supuesta emisión de facturas falsas para pagar menos al Fisco.

El auto de procesamiento (al que ha tenido acceso LA VOZ), fechado el 17 de diciembre de 2008 y dictado por el juez mixto número 2 de Chiclana, relaciona a todos ellos de manera indiciaria en esta supuesta «trama de empresas», que presuntamente habrían firmado facturas «que no reflejan operaciones realmente realizadas», a otras compañías reales para «disminuir su cifra de beneficio» y con ello, tributar menos en los Impuestos sobre Sociedades y el IVA.

Pendiente de Fiscalía

Morillo, a preguntas ayer de este periódico, recordó sin embargo que aún «no hay acusación» por parte de la Fiscalía, «ni se han practicado pruebas», y por tanto no todo está dicho en el procedimiento. El fiscal, por ejemplo, aún podría solicitar el sobreseimiento de la causa para algunos de los imputados, si considera que su actitud no es reprochable penalmente. Las empresas que supuestamente recibían estas facturas están dedicadas, en gran parte, a la construcción y el sector inmobiliario. El candidato al Colegio de Abogados, sin embargo, está vinculado con la trama porque el juez le imputa haber «asesorado técnicamente» a uno de los imputados -Alfonso C.- para que éste consiguiera «ocultar a través de la creación de diferentes sociedades, los bienes ilícitamente obtenidos».

«Por mi parte he comunicado este asunto al Colegio de Abogados desde el primer día que me vi envuelto por razón de mi trabajo», explicaba ayer Morillo a LA VOZ, a la vez que recordaba que «para ser decano piden no estar condenado», porque «precisamente, la presunción de inocencia es la razón de ser de la abogacía; eso lo debería de saber el decano, que fue profesor de derecho penal en Jerez. Pero parece que teme la candidatura de un desconocido abogado de Barbate».

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