EL MERCADO LABORAL SE CALIENTA

Si Juan José Peralta, trabajador de Navantia, tuviera que volver a redactar su currículum le haría falta un buen número de páginas. Tal vez no sería conveniente incluir las veces que salió de manifestación con los suyos cuando veía cerca el cierre de los astilleros. Ni tampoco las concentraciones en las que participó a las puertas de la factoría cuando las promesas no convencían si no venían por escrito. Las cosas se empiezan a parecer mucho a las de antes. La industria auxiliar se echa a la calle, mientras la plantilla de la factoría de Puerto Real, de la que forma parte desde hace 38 años, espera lo peor. «Si no vuelven los encargos de la Armada habrá poco donde rascar».

Las administraciones públicas ya forman parte de la triste estadística de los expedientes de regulación de empleo. Todo el sector naval se enfrenta al desastre si no logran recuperar carga de trabajo. También en el terreno municipal saltan chispas. La falta de liquidez de los ayuntamientos está dejando en la calle a un buen número de asalariados, que buscan soluciones al conflicto en el Sercla o en los juzgados. Y mientras se cumplen los plazos de negociación, recurren a la manifestación y a la protesta para reclamar lo que les corresponde. El ejemplo más cercano es Jerez, y el más incendiario, La Línea.

Durante el año pasado el servicio de mediación de la Consejería de Empleo gestionó 94 expedientes, de los que 26 fueron presentados por subcontratas de los consistorios. A un mes de la convocatoria de huelga general, la conflictividad sigue en aumento conforme las arcas municipales se van secando. Las cosas no han mejorado durante los primeros seis meses del año. Las tres sedes que el Sercla tiene en la provincia han tramitado 104 casos hasta junio, justo el doble de los presentado durante el mismo semestre del año pasado. De ellos, una treintena son del sector público.

Con o sin entendimiento, se han visto implicados en este proceso casi 14.000 trabajadores. Más allá del balance, los números sólo sirven para dar una idea de lo que pasa en la calle. Y todo parece indicar que el otoño vendrá calentito.

Septiembre negro

Por lo pronto, la salida del verano traerá consigo un nuevo ERE masivo en la provincia que deja en la calle a 241 trabajadores. Son los que hasta ahora forman la plantilla jerezana de Bouncopy, que se dedica al telemarketing. Ya hay quien se ha apresurado a atribuir este nuevo expediente de regulación a la reforma laboral. Otros insisten en que lo peor de la crisis aún está por llegar. La decisión se dará a conocer el próximo 17 de septiembre cuando termine el plazo de negociación.

A Elena Borrego, empleada de Bouncopy, no será la primera vez que un ERE la deje en el paro. Ya le pasó en Qualytel y de allí la recolocaron en la empresa de telemarketing. «Mi contrato es por obra y servicio, espero muy poco de lo que me puedan pagar», lamenta. Con la carga de una hipoteca a la que hacer frente, asegura que seguirá buscando opciones y peleando en la calle su derecho a un puesto de trabajo.

Con mejor resultado han frenado las movilizaciones los empleados de la residencia de ancianos de San Juan de Dios, en Cádiz. El Obispado, que hasta ahora gestionaba el geriátrico, pretende dejar el centro en manos de la Fundación Gerón cuando terminen las obras del edificio, pero las condiciones laborales de los trabajadores no podrán ser asumidas por la nueva gestora, que pide eliminar, por ejemplo, la antigüedad de los contratos. Los encierros y las protestas cesaron en el Obispado el pasado jueves, cuando se pagó el 80% de las nóminas que se debían. La solución aún está lejos de ser la deseable, pero al menos han conseguido que cese el ruido.

La pregunta ahora es ¿cuándo llegará la paz? Manuel Campoy la ve aún lejano. Como secretario general de Acción Sindical y Empleo de CC OO le toca participar en un buen número de reuniones del Sercla. La situación está cada vez más caldeada. «Los problema se están convirtiendo ya en una cuestión cíclica. Cada año se repiten los mismos y cada día aparece uno distinto». Campoy explica que la falta de liquidez de los ayuntamientos está tensando aún más la situación y «las empresas concesionarias utilizan a los trabajadores como moneda de cambio».

Y aún queda negociar

Ahora le ha tocado el turno al sector de los servicios de limpieza. Primero fue Cádiz, con el mantenimiento de las playas, luego Jerez y ahora El Puerto. San Fernando también tiene sus frentes abiertos con la plantilla de recogida de basura. Le siguen las que se dedican al transporte público. «Este tipo de servicios son los que necesitan mayor mano de obra y jornadas más largas, por eso son los primeros en sufrir los impagos», resalta Campoy, que destaca también la paralización de la negociación colectiva como un obstáculo. «El 70% de los convenios están a la espera y no hay voluntad por parte de los empresarios de sentarse para revisarlos», critica el responsable sindical.

Con la huelga general a la vuelta de la esquina, se espera que septiembre sea un mes negro y no hay visos de que la estabilidad laboral se asome por la provincia. Manuel Campoy echa mano de la estadística y recuerda que el número de contratos temporales no deja de aumentar y no se toman medidas para atajar la economía sumergida. «Con este escenario no hay manera de levantar cabeza».

La patronal no tiene mejores previsiones. Miguel González Saucedo, presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), insiste en que el aumento de la conflictividad no beneficia a nadie y valora el trabajo que se hace en la mediación. «Cuando una compañía se interesa por instalarse en un determinado lugar mira primero su suelo industrial, las posibilidades de financiación y la conflictividad», explica. También recalca que «si el grifo de los bancos sigue cerrado, los problemas no dejarán de multiplicarse como ocurre ahora».

González Saucedo exige soluciones especiales para la provincia y lo hace ante cualquiera que tenga autoridad para cambiar las cosas. El pasado martes se lo trasladó al ministro José Blanco durante el Consejo Económico y Social. «No podemos seguir con las mismas normas que durante la época de bonanza y Cádiz necesita un apoyo extra», asegura, mientras augura una tensa vuelta de las vacaciones.