Zapatero pone en marcha la reforma legal para reparar los recortes del fallo del 'Estatut'

El Gobierno encargó ayer al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que comience a elaborar la reforma legal del Poder Judicial que permitirá a Cataluña recuperar y desarrollar alguno de los aspectos del 'Estatut' anulados por la sentencia del Tribunal Constitucional.

La modificación permitirá a esta comunidad, y a otras que también tienen esa competencia en sus estatutos, la constitución del Consejo Catalán de Justicia, que recibirá algunas de las atribuciones que hoy están en manos del Consejo General del Poder Judicial y de las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia. El cambio también facultará a los tribunales superiores para desempeñar algunas competencias que hasta ahora ejercía el Tribunal Supremo y convertirse, con excepciones como el recurso de unificación de doctrina, en la última instancia judicial en determinadas materias.

El proyecto de ley, que será similar al elaborado por el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero que decayó por falta de consenso con el PP, podría atribuir al consejo catalán competencias en dotación de medios, habilitación de edificios, gestión de personal de los juzgados, sustituciones y planes de refuerzo, control disciplinario en asuntos leves o normas de reparto u organización, entre otros.

El aumento de competencias de los tribunales superiores tendrá que ver con la asunción de algunos de los actuales recursos de casación que resuelve el Supremo, como el ejercicio de la segunda instancia en causas penales sentenciadas por las audiencias provinciales.

Síndic de Greuges

Otros recortes del 'Estatut', como un papel más preponderante del defensor del pueblo catalán, podrían abordarse y corregirse mediante la negociación entre el Defensor del Pueblo nacional y el Síndic de Greuges para establecer un convenio de colaboración y de reparto de tareas en esa comunidad autónoma.

El Gobierno también reunirá en los primeros días de septiembre de la Comisión Delegada para Política Autonómica con el objeto de analizar los temas que están pendientes de traspaso a Cataluña y los transferibles. Será preparatoria de la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Cataluña que abordará la ejecución de esos traspasos.

La vicepresidenta primera, María Teresa de la Vega, indicó que «queremos dar satisfacción a las legítimas aspiraciones de Cataluña, de tener más autogobierno y de canalizar sus sentimientos identitarios».