Comunidad de intereses

Conforme un criterio clásico, un partido político se concibe como una organización defensora del bien común cuya actuación está regida por una ideología. Pero nuestra Carta Magna permite una absoluta libertad a la hora de crearlos, con el único límite de respetar la Constitución y la ley. Consecuencia de ello, en nuestro país están registrados más de tres mil partidos, en torno a uno por cada diez mil habitantes. Posiblemente demasiados. Así , se pueden encontrar todo tipo de organizaciones, tan variopintas como el Partido Cannabis para la Legalización y Normalización, el de Ciudadanos Agobiados y Cabreados, el Partido de la Asociación de Viudas y Esposas Legales, el Partido del Amor Universal, por citar algunos. Muchos partidos, sobre todo los que únicamente se presentan en el ámbito municipal para defender unos determinados intereses, con el tiempo acaban desapareciendo de la escena política.

Estos días se ha sabido que miembros de la Plataforma de Afectados por la regularización han creado un partido político y posiblemente vayan a presentarse a las elecciones en Chiclana. Este partido pretende rebajar los costes de la regularización a aquellos propietarios que construyeron al margen de la ley y quitar las sanciones a aquellos que se saltaron las normas urbanísticas. Lo cual parece inconcebible, pues se daría un trato discriminatorio a los ciudadanos de Chiclana que respetaron las normas, favoreciendo a los que se las saltaron, y eso iría en contra del artículo 14 de nuestra Constitución, en la que se declara que todos los españoles son iguales ante la ley. Todos los ciudadanos, sin exclusión, están sometidos al ordenamiento jurídico; aquellos que esquivan su cumplimiento deben asumir sus consecuencias. Las normas son la garantía del Estado de Derecho y aunque no nos gusten debemos aceptarlas siempre, pues son la manifestación de la voluntad popular. A nadie le agrada, por ejemplo, pagar a Hacienda, pero ¿qué ocurriría si se fundara un partido a favor de la insumisión fiscal y actuara en contra de las sanciones que Hacienda impone a los que no declaran en su momento o lo hacen por debajo de la realidad, éste tuviera éxito y ganase las elecciones? Seguramente, nadie pagaría y la falta de recaudación provocaría la supresión de los servicios esenciales del Estado.