El AVE Madrid-Barcelona costó 1.732 millones más de lo previsto

Las obras del AVE entre Madrid y Barcelona siguen rodeadas por la polémica. El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Alvarez de Miranda, explicó este martes en el Parlamento el informe de fiscalización del proyecto y concluyo que costó un 31,4% más de lo previsto. El presupuesto inicial fue de 7.235 millones de euros, pero la factura final engordó hasta los 8.967 millones, es decir, 1.732 millones más.

Cifras aparte –cada kilómetro de este trazado de alta velocidad costó 14,4 millones–, el tribunal censura severamente la actuación del ente público que administra las infraestructuras ferroviarias (entonces llamado GIF y hoy denominado ADIF). Le acusa de haber «abusado» de su facultad para aprobar expedientes de obra por razones de urgencia, lo que le permitía saltarse los trámites y controles administrativos habituales.

Sostiene, asimismo, que en muchas ocasiones las modificaciones de los contratos que se hacían «no cumplían los requisitos» legales. El motivo es que el ente público alegaba necesidades nuevas o causas imprevistas cuando, en realidad, eran «cuestiones de las que ya se tenía conocimiento antes del inicio de las obras o bien derivadas de una defectuosa ejecución de las mismas». Y el mismo reproche hace sobre trabajos pretendidamente complementarios que, en la práctica, escondían verdaderas modificaciones del proyecto.

Álvarez de Miranda también criticó a los responsables políticos, tanto del gestor ferroviario como del Ministerio de Fomento (del que depende el anterior) por haber hecho caso omiso de las advertencias que en un sentido similar les vino haciendo años atrás en anteriores informes de fiscalización sobre la marcha de las obras del AVE a la Ciudad Condal, y cuyas conclusiones fueron refrendadas por la comisión mixta para el Tribunal de Cuentas del Congreso y el Senado. El proyecto, que fue adjudicado con un precio 10% al valor previsto de licitación, terminó costando un 35,5% más de media en los distintos contratos, que acumularon a su vez una demora cada uno de entorno a los cuatro meses y medio.

Sin responsabilidad penal aparente

Pese al cúmulo de irregularidades detectadas –que en algún caso, a denuncia de parte, han acabado en los tribunales–, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado han exigido responsabilidades penales por ello. Tampoco han reclamado cambios en la ley, opinión que comparte el tribunal. Lo que sí se han abierto son diligencias previas de cara a resolver si se realizan juicios contables –con reclamación de cantidades para responsables de la obra– por incidencias en varios tramos.

En concreto, ha puesto su foco en cinco contratos por «obras de emergencia» en el tramo que transcurre por el término municipal de Hospitalet. Su realización engordó la factura final del proyecto en algo más de 75 millones de euros. Lo esencial aquí, no obstante, es que fueron autorizadas por la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, al ordenar el 3 de noviembre de 2006 «la continuidad provisional de las obras» pese al criterio en contra de los técnicos del propio departamento.

Según fuentes del órgano contable, la documentación analizada sugiere que la titular del área quería evitar a toda costa nuevos retrasos la línea, que finalmente entró en servicio el 20 de febrero de 2008. ADIF, dependiente de Fomento, insistió en que se diera luz verde a varias modificaciones del proyecto y esgrimió la orden de Álvarez. Así lo hizo incluso cuando los cambios fueron muy posteriores a la autorización ministerial, con el argumento de «la necesaria y mayor rapidez de ejecución».

En total, el Tribunal de Cuentas tiene abiertas desde hace un año diligencias para depurar las responsabilidades que pudieran existir por un sobrecoste de 241 millones de euros -un 230% más de lo previsto inicialmente- en los trabajos del tramo Hospitalet-La Torrasa. Este órgano también reprocha a Álvarez que informara con retraso al Consejo de Ministros de las modificaciones autorizadas.

‘Operación Yogui’

El problema de los sobrecostes saltó a la luz a principios de mayo con la llamada ‘operación Yogui’. En ella, y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, fueron detenidas 10 personas por el presunto amaño del contrato de un tramo entre La Sagrera y el Nudo de la Trinidad en Barcelona a favor de la constructora Corsán (del grupo Isolux).

Los investigadores sospechan que durante los trabajos, que se extendieron entre 2008 y 2011 -el tramo formaba parte de la extensión de la línea del AVE hasta la frontera francesa-, se podrían haber desviado más de seis millones de euros inflando facturas e incluso sobornando supuestamente a funcionarios. No obstante, la adjudicación se dio con una baja del 32% respecto al presupuesto inicial de 98,7 millones de euros.

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