Aplazan de nuevo la decisión sobre la prórroga de Garoña

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), reunido desde las diez de la mañana, ha aplazado por segunda vez la decisión de conceder o denegar la petición de la central de Garoña de un nuevo plazo para poder mantener en funcionamiento la planta, cuestión que analizará otra vez mañana. El pasado lunes, un pleno convocado con carácter extraordinario pospuso hasta hoy dicha decisión, pero los consejeros han vuelto a pedir informes adicionales, han explicado fuentes del CSN.

De no otorgarse dicha prórroga, la planta cerrará el próximo 6 de julio. Según las fuentes consultadas, los consejeros necesitan más tiempo para debatir este asunto. Actualmente el pleno del CSN está compuesto por cinco miembros: dos del PSOE: Rosario Velasco y Cristina Narbona; Antonio Gurguí de CIU y Fernando Castelló y Fernando Martí (presidente del CSN), ambos del PP.

Según fuentes ecologistas, algunas direcciones técnicas del CSN han manifestado estos días su malestar por la premura con la que se les exige dictaminar sobre este asunto, más aún cuando en los últimos seis meses han estado trabajando en el desmantelamiento de la planta y en el futuro almacén temporal individual (ATI) que necesita Garoña para alojar el combustible gastado (ante la saturación de su piscina). Industria ha solicitado un informe al CSN en un plazo de diez días "cuando la recomendación del Organismo Internacional de la Energía Atómica recomienda entre seis meses y un año", ha explicado Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, que ha añadido que durante la parada fría de una central, todos los sistemas deben estar perfectamente operativos.

El pasado día 16, el Ministerio de Industria solicitó al CSN que se pronunciara antes del 1 de junio para valorar si la empresa puede prorrogar su actividad durante un año, periodo en el que Nuclenor no pretende producir electricidad. El pasado diciembre, Garoña se desacopló de la red eléctrica para transferir su combustible gastado a la piscina de almacenamiento, una decisión que adoptó -dijo- por su desacuerdo con las nuevas tasas contenidas en la Ley de Medidas Fiscales para la sostenibilidad energética.

Los impuestos que gravan el combustible entraron en vigor el 1 de enero, y Nuclenor aún espera la respuesta de Hacienda respecto a si tienen o no carácter retroactivo. La orden de cierre definitivo de Garoña fue aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en julio de 2009, pero el Gobierno del PP revocó la decisión, y se mostró favorable a la prolongación de su vida útil -fue una de sus promesas electorales-. Nuclenor se negó entonces a solicitar dicha prórroga (hasta el 2019) si no se le eximía de pagar las nuevas tasas. Con el cambio de opinión, según las organizaciones ecologistas, Nuclenor pretende ganar tiempo para conocer en detalle la nueva reforma eléctrica que está preparando el ministerio de José Manuel Soria.