Los funcionarios recurren contra la eliminación de la paga extra
“Es un deber ético defender lo público en momentos como estos”, aseguran las centrales sindicales
MADRID Actualizado: GuardarLos sindicatos de la Administración Central han dado el primer paso para intentar que los funcionarios recuperen la paga extra de diciembre, suprimida por el Gobierno el pasado mes de julio. Representantes sindicales de UGT, CCOO, C-SIF, USO y GESTHA han presentado este mediodía en cada uno de los ministerios, además de en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, un recurso en el que se solicita la nulidad de las previsiones contenidas en el Real Decreto Ley 20/2012. También se pide de forma subsidiaria el reintegro de las cantidades devengadas y no desembolsadas que se habían generado en el momento de la entrada en vigor de la norma, calculadas en 45 días.
El recurso atañe exclusivamente a los funcionarios, que representan casi la mitad de los 250.000 empleados públicos que trabajan en la Administración General del Estado. El personal laboral, afectado por una regulación diferente, prepara por su parte un conflicto colectivo, según fuentes sindicales.
“En unos momentos como estos, donde se han cometido actos ilícitos de enriquecimiento en el mundo de la política mientras se está desprestigiando y recortando salarios a los empleados públicos, además de fundamental es un deber ético seguir defendiendo lo público como garantía del Estado de Bienestar”, ha manifestado Yolanda Palomo, secretaria de Administración General del Estado de UGT.
Aunque los requerimientos se han entregado en todos departamentos ministeriales, el acto central de presentación del recurso ha tenido lugar ante el registro del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, por ser también el más representativo dentro de la Administración General del Estado.
El Gobierno tiene a partir de hoy 30 días para responder al requerimiento. De no hacerlo, se interpretará la negativa por silencio administrativo. Los sindicatos se plantean la interposición de un recurso contencioso-administrativo en el más que probable caso de que el Estado haga caso omiso de sus reivindicaciones.
