La Policía registra la Agencia Valenciana de Turismo

La Policia Judicial ha registrado la Agencia Valenciana de Turismo. Los agentes, por orden del juez, han analizado desde las 9 hasta las 13.30 horas los archivos informáticos en una pieza separada de Fitur en el 'caso Gürtel' -el juez investiga los supuestos delitos de financiación irregular, delito electoral y relacionados con la supuesta contratación irregular de Orange Market para los stands de Fitur-. Por el momento los policías no han detenido a nadie ni se han llevado material de la sede. Han abandonado la sede acompañados de un secretario judicial.

Estos días pasados han circulado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana las exconselleras de Turismo Angélica Such y Milagrosa Martínez, así como el exjefe de Gabinete Rafael Betoret, todos ellos en condición de imputados. Se trata de una pieza separada del 'caso Gürtel' que afecta a la adjudicación del stand de Fitur a Orange Market, empresa de trama que lideraban Francisco Correo y Álvaro Pérez 'el Bigotes'. El instructor de la causa, José Ceres, es quien está tomando declaración tanto a altos cargos como a técnicos de la Agencia Valenciana de Turismo.

El magistrado ha citado a declarar hasta la fecha por la causa sobre la supuesta financiación irregular del PP a un total de 26 personas. El primero en declarar fue el jefe del servicio de Promoción en la Agencia Valenciana de Turismo, Jorge Guarro, llamado como imputado en relación con las adjudicaciones, entre 2005 y 2009 del stand de la Comunitat Valenciana en Fitur a Orange Market. Otros comparecientes han sido el exvicepresidente Vicente Rambla, el exnúmero dos del PPCV Ricardo Costa, las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such (ahora secretaria primera de la Mesa de Les Corts), y los dirigentes del PPCV David Serra y Yolanda García.

En el fondo del proceso, varios informes de la UDEF relatan la existencia de una trama, de la que formarían parte los cabecillas de Gürtel (citados a declarar a mediados del mes de mayo), dirigentes del PP y un total de cinco empresas constructoras que, supuestamente, habrían financiado de forma irregular a los populares durante los años investigados. De hecho, se explicitan una serie de pagos realizados en A (denominados Alicante) con IVA, que la formación atendía religiosamente. Y otros en B (Barcelona) que el PP no pagaba y la trama corrupta ofertaba a empresarios, que de este modo hacían llegar el dinero al partido.

El Gobierno de la Generalitat ha mostrado su "máxima colaboración" durante este registro, según han explicado fuentes del ejecutivo autonómico.