Ripoll queda en libertad aunque el juez le imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude

El juez del 'caso Brugal' ha dejado en libertad con cargos a José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, al que imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude. El instructor ha rechazado su encarcelamiento o la fianza alternativa de 500.000 euros que reclamaba la Fiscalía Anticorrupción.

Tras quedar en libertad, Ripoll ha hecho declaraciones a los medios y ha anunciado que ha sido "imputado formalmente" en la investigación. Según su versión, el titular del juzgado número 3 de Orihuela, Carlos Sanmartín, no le ha aclarado "ni los hechos ni el por qué" de su imputación en el denominado caso "Brugal". El dirigente del PP ha indicado que ha prestado declaración "voluntariamente" y que durante la primera media hora de su comparecencia el juez le ha explicado que "no había una citación judicial" y que, por lo tanto, podía hacer una declaración o negarse.

Ripoll ha recordado que la instrucción y el secreto de las actuaciones duran ya más de tres años, y ha agregado que el juez le ha explicado que los delitos de los que se le podría acusar podrían mantenerse o variar en el futuro. "No sé nada de las diligencias, ni de los hechos, ni del por qué. Comprenderán que no puedo contestar sus posibles preguntas y les pido disculpas, pero en cuanto se levante secreto (sumarial) ejerceré acciones legales de mi defensa", ha adelantado.

Declaración retrasada

El también presidente del PP de Alicante tenía cita en los juzgados de Orihuela para prestar declaración por su supuesta relación con la operación desarrollada el pasado martes por la que estuvo detenido durante doce horas. Acompañado de los abogados Fernando Candela y Bernardo del Rosal, Ripoll llegaba a pie a la plaza de la sede judicial oriolana a las 13.55 horas y evitaba hacer comentario alguno pese al revuelo y a la insistencia de un gran número de periodistas.

Poco después dejaba las instalaciones al conocer que el juez retrasaba su comparecencia. El titular del Juzgado de Instrucción número 3, Carlos Sanmartín, investiga una presunta trama en la adjudicación del plan de residuos de la comarca alicantina de la Vega Baja, que agrupa a casi una treintena de municipios. Hacia las 16.00 horas volvía al juzgado, también sin hacer declaración alguna a los periodistas. Finalmente su declaración ha comenzado cerca de las 18.00 horas y se ha prolongado algo menos de dos horas. Tras escucharle, el juez le ha dejado en libertad pero imputado por prevaricación, cohecho y uso de información privilegiada.

Dos días de interrogatorios

A lo largo del día han prestado declaración seis de los once detenidos el pasado martes. El primero en hacerlo ha sido el gerente de Inusa, José Candel, al que ha seguido el ingeniero José León y el empresario de la automoción Rafael Gregory. A este último le ha impuesto una fianza de 100.000 euros por los presuntos delitos de fraude, tráfico de influencias y cohecho. Después ha sido el turno de los empresarios Enrique Ortiz y Luis Brañas.

El primero, máximo accionista del Hércules CF, ha quedado en libertad aunque imputado por un delito de fraude y otro de cohecho, según ha informado su abogado, Alejandro Bas. El fiscal "pedía una medida cautelar de prisión eludible bajo fianza de 800.000 euros" que ha sido "desestimada". El propio Ortiz ha afirmado que respeta a los jueces y ha señalado que el titular del juzgado no ha tomado "ninguna medida cautelar" en su contra.

Mañana comparecerán los tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela y el empresario oriolano Ángel Fenoll y su hijo, Antonio Ángel. Todas estas declaraciones son consencuencia de la operación desaroolada el pasado martes, cuando agentes de la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Fiscal (UDEF) Central registraron el domicilio del presidente de la Diputación durante más de tres horas en presencia del secretario judicial, antes de hacerlo en su despacho en la Diputación.

Tras los registros, Ripoll fue trasladado a la comisaría provincial de la Policía Nacional de Alicante donde, tras doce horas en calidad de detenido, fue puesto en libertad, lo mismo que otras once personas entre concejales de Orihuela y empresarios. La citación ha sido objeto de polémica dado que Ripoll ha explicado que recibió una cédula de citación que, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), no fue emitida por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela sino por los instructores policiales.