El presidente de la Diputación de Alicante queda en libertad tras doce horas detenido

Doce horas ha pasado detenido José Joaquín Ripoll, máximo dirigente del PP en la provincia de Alicante y presidente de la Diputación. Tras prestar declaración durante "no más de diez minutos" en la Comisaría, según sus abogados, ha quedado en libertad. Sus representantes legales no han precisado si es "con o sin cargos" porque la investigación se encuentra "bajo secreto de sumario". Sin embargo, la Diputación ha difundido una nota en la que sostiene que su presidente está en libertad "sin cargos" y sin "medidas cautelares".

Ripoll había sido arrestado esta mañana dentro de la operación anticorrupción que se ha desarrollado en la capital alicantina y en Orihuela (Alicante) vinculada con la contrata de basuras en el sur de la provincia. El empresario Enrique Ortiz (dueño del Grupo Cívica y máximo accionista del Hércules), que se encontraba en Pamplona disfrutando de los Sanfermines, ha regresado a Alicante y se ha entregado a la Policía para colaborar en la investigación. Una vez que termine la inspección, conocerá si está imputado y/o detenido.

El concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Orihuela, Manuel Abadía, ha sido el primer arrestado en esta operación, en la que poco después han sido también detenidos otros dos ediles de la corporación oriolana: Antonio Rodríguez Murcia (Pedanías) y Ginés Sánchez (Medio Ambiente). A última hora de la tarde todos quedaban también en libertad. Mientras permanecían detenidos, los efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) requisaban numerosa documentación de las dependencias de Presidencia.

Los once detenidos volverán a comparecer ante la Justicia

En total han sido once los detenidos y todos ellos deberán comparecer en este juzgado en los próximos días. Según han informado fuentes del Ministerio del Interior en un comunicado, la investigación continúa abierta y no se descartan "nuevas actuaciones". Según los casos, se les imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento, según las mismas fuentes.

En la operación policial se han practicado 19 registros en domicilios, empresas y organismo oficiales, entre estos últimos el Ayuntamiento de Orihuela y la Diputación de Alicante. Los agentes se han incautado de "numerosa documentación de interés para la investigación, dinero en efectivo y soportes informáticos". El operativo se ha centrado en Orihuela, la ciudad de Alicante y Valencia, según la nota de prensa difundida por el Ministerio del Interior.

Registro en la casa de Ripoll

Los agentes acudieron a primera hora de hoy a su domicilio particular ubicado en la zona de Vistahermosa en Alicante y procedieron a registrar la vivienda. A continuación, alrededor del mediodía, acompañaron a Ripoll al palacio provincial y procedieron a examinar el despacho del presidente de la institución. Así, a media mañana el edificio se encontraba fuertemente custodiado por miembros de la Policía Nacional, que fueron retirando abundante documentación que ha sido trasladada alrededor de las 14.30 horas en furgones a las dependencias de la Comisaría Provincial de Alicante.

Además del domicilio y la Diputación de Alicante, la Policía ha registrado el Ayuntamiento de Orihuela. Su alcaldesa, Mónica Lorente, ha permanecido junto a la Policía desde primera hora de la mañana junto a otros cuatro concejales del equipo de gobierno: el edil Manuel Abadía -concejal de Servicios e Infraestructuras Urbanas, Barrios y Comercio-, Antonio Rodríguez Barberá -edil de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Patrimonio y Parajes Naturales-, Ginés Sánchez -responsable de Calidad Medioambiental, Energías Renovables, Cambio Climático y Transporte Urbano-; y Antonio Rodríguez Murcia -delegado de Servicios e Infraestructuras de Pedanías y Desarrollo Rural, Parques y Jardines y alumbrado público-.

La Fiscalía Anticorrupción dirige esta investigación, en colaboración con el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela, en torno a la adjudicación del llamado Plan Zona de Residuos Zona XVII, aprobado en enero de 2008. Esta decisión se produjo por unanimidad de los miembros del Consorcio del citado Plan Zonal, presidido por el presidente de la Diputación y recayó sobre la empresa Cespa-Ortiz.

Despliegue en Orihuela

Del Ayuntamiento oriolano efectivos de la Policía Nacional han retirado numerosos archivadores con documentación. Los agentes llegaban al lugar a primera hora acompañados por el concejal de Servicios Urbanos, Manuel Abadía, uno de los que ha sido posteriormente detenido, y han procedido a precintar diversas dependencias municipales. Los policías habían acudido antes a la vivienda particular del edil, que alrededor de las 08.00 horas de esta mañana les acompañaba al Consistorio, donde la Policía se ha centrado en la inspección de las oficinas de las Concejalías de Urbanismo y Fomento, así como las dependencias municipales ubicadas en el edificio Prop, que han quedado precintadas.

Las detenciones y los registros se han llevado a cabo en el marco de la operación "Brugal", cuya investigación comenzó en 2007 por las supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de recogida de basuras en Orihuela, en la comarca alicantina de la Vega Baja. El operativo ha sido realizado por agentes de la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Fiscal (UDEF) Central, de la Comisaría General de Policía Judicial, y de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Alicante.

Tras conocer la actuación policial, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha pedido "responsabilidad y prudencia".