TRIBUNALES

Los supuestos amaños en las oposiciones a policía local de Puerto Serrano, a juicio en noviembre

La Audiencia juzgará a partir del 7 de ese mes y durante tres semanas al exalcalde de la localidad y a varios mandos policiales acusados de «diseñar» el proceso para «favorecer» a dos familiares

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Hace cinco años, 344 opositores se examinaron en una convocatoria en la que se ofertaban tres plazas para la Policía Local de Puerto Serrano. Las vacantes fueron finalmente ocupadas por el que entonces era novio de una de las hijas del exalcalde de la localidad, Pedro Ruiz (IU), el yerno del jefe de la Policía Local de Antequera, y un hermano de un policía de Puerto Serrano. El escándalo saltó cuando empezaron a llover las denuncias de supuestos perjudicados que aseguraban que el proceso de selección había sido amañado. El caso llegó a los juzgados y el fiscal en su escrito de acusación concluyó que de los tres aspirantes que obtuvieron plaza, sólo el último lo hizo sin trampas.

Tras completarse la instrucción, ahora, el caso llega por fin a la Audiencia Provincial. La Sala Octava acogerá a partir del 7 de noviembre el juicio sobre este espinoso asunto que sentará en el banquillo durante tres semanas a a una decena de personas, entre ellos, al exalcalde de Puerto Serrano, Pedro Ruiz (IU) y mandos policiales de las provincias de Sevilla y Málaga. El Ministerio Fiscal considera que el exregidor polichero diseñó «un procedimiento teledirigido de oposición con el ánimo de beneficiar a su futuro yerno».

Para Ruiz la Fiscalía solicita 12 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación continuada. Entre los responsables policiales se investiga al jefe de la Policía Local de Antequera y su también yerno; el entonces jefe de la Policía Local de Puerto Serrano, el subinspector de la Policía Local de La Puebla de Cazalla el jefe de la Policía Local de Osuna, así como varios agentes locales. La Fiscalía los acusa, en su mayoría, de cooperadores necesarios de un delito continuado de prevaricación y de otro de prevaricación, y pide para ellos penas de inhabilitación para cargo público por un periodo de tiempo que oscila entre los siete y los diez años.

Según sostiene el Ministerio Público, el exregidor «prevaliéndose de la posición que ostentaba en calidad de alcalde, con el ánimo de beneficiar a su futuro yerno, diseñó un procedimiento teledirigido» de oposición a la Policía Local, para que «una de las tres plazas que iban a salir fuese de antemano para R.G. V. y otra para D. G. G.». Y para lograrlo, quería un tribunal «de plena confianza».

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