Archivada la causa contra los concejales que trataron de frenar el desahucio de Benjumeda

Los activistas que intentaron evitar el desahucio de la calle Benjumeda de Cádiz el pasado 22 de junio han recibido este lunes la notificación del auto de archivo del juicio de faltas por desobediencia leve. Entre estos activistas se encontraban los concejales David Navarroy Adrián Martínez de Pinillos, que participaron de la acción junto a otros ediles de Por Cádiz sí se puede, incluido el alcalde, José María González. Los dos concejales citados fueron llamados a declarar el 30 de junio, junto a otras diez personas involucradas en el suceso.

Podemos Cádiz ha remitido un comunicado a los medios tras conocer la noticia de que la jueza ha archivado la causa. La magistrada considera que con la descripción de los hechos no resulta suficientemente probada la comisión de una infracción penal y que la conducta denunciada es atípica conforme a la actual regulación.

Así, la agrupación considera que «siempre que los juzgados estimen que no hay que tomar represalias contra los activistas por los derechos humanos es una buena noticia». Al hilo, han reconocido sentirse «contentos» porque, tal y como dice el auto, «nuestros compañeros no estaban teniendo un mal comportamiento; sino que sólo defendían un derecho básico amparado por la legislación internacional».

Podemos Cádiz ha aprovechado para comunicar que seguirá participando de este tipo de acciones, pese a lo que ellos llaman «ley mordaza».«Seguiremos estando allá donde se den situaciones injustas. Somos conscientes de que el poder de las instituciones es limitado y, por ello, debemos estar donde ellas no pueden llegar. Nuestro compromiso es y sigue siendo con aquellos a los que este sistema económico margina», concluye el comunicado.

Apenas diez días después de ser investido alcalde, 'Kichi' y cuatro de sus concejales trataron de paralizar el desahucio de Antonio Moreno, de 57 años y enfermo de cáncer, y su mujer, Ana Benítez, que junto a su hija vivían desde hacía años en un bajo del número 35 de la calle Benjumeda. El matrimonio pagaba un alquiler de renta antigua que se terminó hace dos años. Tras la rehabilitación de la finca, la propiedad decidió subir la renta. De 150 a 420 euros, una situación inasumible para los moradores que derivó en el impago de las mensualidades. La propietaria del inmueble es una viuda enferma que llevaba dos años sin poder cobrar el alquiler.

Pese a la fuerte resistencia de parte del gobierno municipal -extensamente proyectada en los medios nacionales- los cuerpos de seguridad cumplieron con su función y finalmente el matrimonio abandonó la vivienda.