USO pide a la Junta que no deje morir el plazo dado por la juez para adquirir el terreno de Delphi

El sindicato USO, uno de los cuatro implicados en el conflicto abierto tras el cierre de Delphi --junto a CCOO, UGT y CGT-- ha reclamado a la Junta de Andalucía que no deje que se agote el plazo establecido por el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz para liquidar los terrenos de la multinacional, argumentando que si la Administración andaluza no se hace con ellos será "el final" para el colectivo de afectados por la marcha de la empresa.

Fuentes de USO han recordado a Europa Press que en el plan de liquidación de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso de acreedores, propuesto por los administradores concursales a la juez, se establece un plazo de menos de cinco meses para la venta del terreno y de las edificaciones, no descartándose la opción del alquiler.

Consideran que si la Junta no se hace con esos terrenos el colectivo de Delphi estará "hundido en la miseria", "lo habremos perdido todo". Insisten en que la solución pasa por la instalación en ellos de una gran empresa con capacidad para dar empleo, no a los afectados de Delphi, sino a toda la Bahía, que está "castigada por el paro".

En este sentido, USO ha esperado que se produzca "lo antes posible" la reunión que el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, se comprometió a propiciar con responsables de los ministerios de Industria y Trabajo, a quienes precisamente pretenden "implicar" en la "solución definitiva", que pasa por la instalación de una gran empresa con capacidad para generar empleo suficiente.

OTROS ASUNTOS PENDIENTES

Sin embargo, el sindicato destaca que esta no es la única cuestión "pendiente" con la Junta de Andalucía, que, "incomprensiblemente" no ha convocado todavía la comisión de seguimiento solicitada hace alrededor de un mes por los cuatro sindicatos.

Entre esos otros asuntos "urgentes" a tratar, citan el pago a los prejubilados de la industria auxiliar, las cantidades que se adeudan a los 61 afectados que se desvincularon del programa de recolocaciones mediante proyectos personalizados de inserción (PPI), o la aprobación en Junta de Gobierno de la resolución para el plan formativo, ya que la Fundación Universidad-Empresa de la provincia de Cádiz (Fueca) se ha visto "obligada a hacer frente al segundo mes de pagos", lo que USO califica de "lamentable".

Finalmente, las mismas fuentes han advertido que la situación está llegando "al límite", señalando que si la Junta no reacciona los afectados están dispuestos a iniciar un encierro y todas aquellas acciones de presión que se consideren necesarias.