El Supremo cita a Garzón para que explique por qué investigó el franquismo

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón declarará hoy en el Tribunal Supremo imputado de un delito de prevaricación que habría cometido al empecinarse en abrir una causa penal para investigar los crímenes del franquismo durante la Guerra Civil y los primeros años de dictadura, pese a las dudas sobre su competencia para hacerlo. Será interrogado por el magistrado Luciano Varela, que ya le investigó por los sobresueldos que obtuvo durante su periplo docente en EE UU entre 2005 y 2006.

Garzón acudirá acompañado de su defensor, el abogado Gonzalo Martínez Fresneda, para responder si lo estima oportuno a las preguntas del instructor y del representante de Manos Limpias, promotor de la investigación penal contra el magistrado de la Audiencia Nacional. La Fiscalía, que se opuso a la admisión a trámite de la querella, no tiene previsto plantear cuestión alguna, según fuentes del alto tribunal.

La Sala de lo Penal del Supremo admitió a trámite el pasado mes de mayo la querella de Manos Limpias, a la que se sumó una denuncia del colectivo Libertad e Identidad. Los acusadores reprocharon a Garzón haber tejido un «artilugio jurídico» para investigar el paradero de los desaparecidos durante la guerra y enjuiciar a los principales responsables militares y civiles del alzamiento del 18 de julio y de la dictadura.

Según los querellantes, el magistrado «prescindió total y absolutamente del procedimiento establecido, de la irretroactividad de la ley penal, de la ley de amnistía de 1977 y de sus propios actos y autos, en los que rechazó como genocidio los asesinatos de Paracuellos del Jarama». Y llevó adelante todo el procedimiento «consciente de la ilegalidad e incompetencia en que incurría». Un delito de prevaricación «palmario, premeditado y consciente», según los demandantes.

Hace cuatro meses, la Sala Penal del Supremo, de manera sorpresiva, acordó que la denuncia de Manos Limpias debía ser investigada por haber indicios suficientes de que el magistrado podría haber incurrido en un delito de prevaricación. Aquella decisión del alto tribunal fue unánime, firmada por el presidente, Juan Saavedra, y los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo.

La hipótesis

Entonces, el magistrado ponente de la resolución, Prego, cuidó especialmente las formas y evitó toda acusación contra Garzón. Así, resaltó que, «sin valorar ni prejuzgar lo sucedido», la sala entendió «que no se dan las condiciones para rechazar la admisión».

Según el Supremo, la posibilidad de que los hechos imputados al juez sean un supuesto de prevaricación es una hipótesis «que no se advierte ni absurda ni irracional». La resolución del alto tribunal se apoyó entonces, no tanto en el contenido de las querellas, sino en los durísimos escritos con los que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, combatió la iniciativa de Garzón.

La sala concluyó que la investigación de Garzón, hasta que el 18 de noviembre de 2008 se inhibió a favor de los juzgados territoriales, «se centró en delitos para los que el juzgado reconoce carecer de competencia material», como son los relacionados con el alzamiento. Para ello, el ahora juez habría acudido a la posible conexión «con otro delito del que se proclama competente, pero que ni está vigente ni investiga», en alusión al genocidio.

Desde un principio, Garzón ha sostenido que la demanda de Manos Limpias no era más que una 'vendetta' por haber archivado numerosas denuncias de este colectivo. En particular, el juez habló en su respuesta al Supremo de «burda represalia» del sindicato, que se querella por archivar, entre otras, su denuncia por Paracuellos.