El reinado de los hijos tiranos

La violencia en el ámbito familiar es ya en uno de los principales motivos para condenar a un menor. Unos son hijos de familias desestructuradas, otros tienen un problema de conducta y también los hay que, sin antecedente alguno, de pronto un día terminan maltratando a sus padres y haciéndoles la vida imposible. Solo en Cádiz fueron condenados 815 adolescentes de entre 14 y 17 años el año pasado, de los que uno de cada cinco se sentaron ante el juez por un episodio de violencia, tanto en el ámbito familiar como hacia sus parejas o sus compañeros.

La agresividad parece más habitual cuando está dirigida hacia los padres. Los tres juzgados de menores de la provincia abordaron el año pasado 165 expedientes relacionados con este asunto, una cifra muy parecida a la de 2013, pero que supera en más del 50% a la que se venía registrando.

El motivo de este preocupante incremento aún está por resolver, pero el empeoramiento de la situación económica ha tenido mucho que ver en ello.

El volumen es generoso y se da la circustancia de que Cádiz suma además el peso de ser la provincia con mayor número de menores condenados en toda Andalucía por distintos motivos. Casi ocho de cada diez son varones, pero también crece año a año la estadística de mujeres que terminan en libertad vigilada o en centros de internamiento antes de cumplir los 18.

Especialmente activa ha sido la lucha del letrado Joaquín Olmedo, coordinador de Menores del Colegio de Abogados de Cádiz, para implicar a las administraciones en la recuperación de estos jóvenes con medidas de régimen abierto y opciones de servicios a la comunidad. La tendencia rara vez se mantiene estable y ahora lo que despunta es precisamente la violencia en el entorno familiar e incluso hacia sus amigos o compañeros.

Se perpetúa

«A pesar de lo jóvenes que son muestran conductas agresivas con su entorno más cercano», señala Olmedo con cierta preocupación. Todos estos episodios empiezan a desbancar a los delitos contra la seguridad vial y los pequeños hurtos y robos, que venían siendo los habituales. «Nos encontramos con una realidad distinta» y en ella hay también problemas entre las parejas adolescentes. Roles machistas que siguen perpetuados y que llegan a terminar en el maltrato psicológico y físico a pesar de la juventud de los infractores.

La situación no es nueva, se viene arrastrando desde hace varios años y preocupa al ámbito judicial que ve a menudo casos de este tipo. Olmedo resalta que a la hora de enjuiciar hay que tener en cuenta el nuevo Código Penal, en el que desaparecen las faltas, pero sin que se haya hecho una adaptación en la Ley Orgánica del Menor.

Ese es otro de los frentes que siguen abiertos, como la implicación de los ayuntamientos para que los chavales puedan cumplir su condena en régimen abierto a través de servicios comunitarios. «Llevamos años reclamando un convenio en Cádiz, al menos desde que el juzgado estaba en la calle San Francisco, pero nunca se ha llegado a tratar el asunto», lamenta el abogado no sin recalcar que municipios del entorno ya lo tienen como es el caso de Chiclana y San Fernando.

El fiscal de Protección de Menores en Cádiz, Pedro Gosálvez, destaca además la cortísima edad de los menores. Aclara que «ya no estamos hablando únicamente de los que tienen más de 14 o los que están a punto de cumplir la mayoría de edad, vemos casos de niños de doce e incluso de menos años que hacen imposible la convivencia en sus hogares». Por suerte no son los más numerosos, pero ya es significativo que tengan que pasar por un proceso judicial. En este caso, las medidas son incluso diferentes, porque ni siquiera han alcanzado la edad suficiente para ser juzgados por la Ley del Menor. «Algo debe de estar fallando en la sociedad cuando todo esto ocurre», reflexiona, especialmente porque «los padres recurren a la justicia como último recurso».

En lo que sí se detiene Gosálvez es en el tipo de medidas que se imponen a los menores. Señala que «en su mayoría son en régimen abierto y tienen uno o dos años de duración». En ese periodo se realizan una vigilancia en la que colabora un educador para reconducir su conducta. Sólo en los casos más graves o para los reincidentes se recurre al internamiento en centros, donde son sometidos a terapias y tratamientos psicológicos.

El fiscal menciona otra vía alternativa, que es la de pisos o residencias tuteladas, donde conviven con otros menores que se encuentran en una situación similar. Esta medida puede llegar a ser beneficiosa, porque además aprenden a convivir.

Lo que dice no sorprenderle es el elevadísimo número de condenas por violencia y otros asuntos que se imponen cada año. Asegura que «viene siendo habitual, porque se trata de una provincia con tres juzgados de menores y con muchas singularidades». Entre ellas ser punto de entrada habitual de drogas, aunque, contra todo pronóstico, las sentencia por tráfico no son almarmantes. «Los casos que vemos son un pequeño menudeo o por acompañar a mayores en un trapicheo, pero poco más», aclara el fiscal.

Implicación de las familias

El problema ha llegado a las instituciones y el Defensor del Menor de Andalucía se ha implicado de lleno con este asunto. En uno de sus informes periódicos destaca aspectos como que «la clase social no es un factor determinante, y así como en otros delitos uno de los factores de riesgo es la pertenencia familiar a un nivel social bajo o a familias desestructuradas, en el caso de los delitos de maltrato pueden encontrarse familias de todo tipo».

El Defensor del Menor considera que para hacer frente a estos conflictos «es necesario abordarlos desde el ámbito personal y familiar, por lo que se cree imprescindible la incorporación directa de las familias a las actuaciones de intervención con el infractor». Es por ello que la mayoría de los centros de internamiento han elaborado programas específicos donde se interviene también con los familiares a través de actuaciones específicas, aunque eso conlleve su desplazamiento. Los padres realizan cada vez más ese esfuerzo porque ha dado sus frutos.