El Estado ayudará a la región debido al retraso en los pagos

El Gobierno nacional ha detectado «que en los últimos meses se está degradando la situación de pagos» a proveedores en Castilla-La Mancha y por eso ayer Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, se reunió en Toledo con una veintena de empresarios para «chequear» cuál es la situación real y ver qué medidas se pueden tomar.

Según Beteta, aunque la comunidad autónoma «todavía no está en la fase de sanción, tenemos que ver cuál es el funcionamiento de la factura electrónica, que es la que nos sirve de guía para ver la velocidad de los pagos». Beteta insistió en que «se trata de ayudar a pagar, no de poner en solfa la política de ningún Gobierno regional».

El Estado facilitará así un nuevo mecanismo de financiación a Castilla-La Mancha, que podría adoptarse incluso antes de que acabara este mes de octubre, ya que «cuando se pone en riesgo el sistema de pagos se pone en riesgo el empleo».

El dinero, explicó Beteta, saldría del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y consisitiría en «una operación a diez años a tipo de interés cero, que le suponen a la comunidad un no esfuerzo porque no tienen que amortizar nada ni pagar nada en los dos primeros ejercicios y en el resto es devolver y sin intereses».

El objetivo de este nuevo mecanismo resulta claro: que Castilla-La Mancha cumpla la Ley de Morosidad, que exige el pago a proveedores en 30 días. Según el secretario de Estado de Administraciones Pública, «será un revulsivo como en su día lo fue el plan de pago a proveedores». En este sentido, recordó que Castilla-La Mancha es la cuarta comunidad que más dinero ha recibido, más de 11.000 millones de euros, del plan de proveedores y de los fondos de financiación del Estado.

Y a su entender, esta financiación «ha permitido que haya una reducción del desempleo y un incremento del 1,4 por ciento del PIB». «Todo ello nos permite haber abordado una reforma fiscal muy importante. Los más de 900.000 contribuyentes castellano-manchegos tendrán una reducción media superior a los 300 euros per cápita», añadió.

«Rotundamente falsos»

Los datos aportados por Beteta encontraron contestación en la Junta de Castilla-La Mancha, que en un comunicado los calificó como «rotundamente falsos» y que se enmarcan en la precampaña del PP para las elecciones generales. Según Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, desde que gobierna el socialista Emiliano García-Page «no solo es que no haya aumentado el periodo de pago a proveedores, sino que se ha disminuido, por lo que se ha mejorado la gestión de pago».

«Los datos que desmienten a Beteta están colgados en la web del Ministerio, en la que se puede observar que el Ejecutivo de Emiliano García-Page redujo de 16,41 días en junio a 15,76 en julio el periodo de pago a proveedores», añadió Ruiz Molina.