Londres reabre el debate de la privacidad y presiona a las empresas tecnológicas para acceder a las comunicaciones

El último ataque terrorista que ha sacudido Londres, que tuvo lugar en las inmediaciones del Parlamento británico y en el que fallecieron cuatro personas, ha reabierto el debate de libertad, justicia y privacidad después de que las autoridades británicas hayan exigido a las firmas tecnológicas que faciliten el acceso a las comunicaciones.

Los medios de comunicación británicos informaron de que poco antes de iniciar el ataque, el terrorista Khalid Masood intercambió mensajes de WhatsApp que los investigadores no pueden leer porque están cifrados.

Aunque las exigencias por parte del gobierno británico aún están sin concretar, pues no se sabe si lo que piden es que WhatsApp rompa el cifrado «end to end» que puso en marcha el pasado año para proteger la privacidad y seguridad del usuario, ya que nadie puede leer los mensajes en caso de interceptación; o simplemente están pidiendo acceso al terminal para poder recuperar las comunicaciones de los sospechosos, como pasó con el iPhone

del autor de los homicidios en San Bernardino (California). Este último caso fue especialmente delicado porque Apple se negó a ceder a las presiones del FBI, que exigía acceso al terminal.

La policía ha estado tratando de determinar si Masood -que mató a cuatro personas incluyendo un policía cerca del Parlamento en Londres antes de ser asesinado a tiros- actuó solo.

Neil Basu, un alto policía antiterrorista, ha asegurado que las comunicaciones del responsable del ataque el día del atentado son la principal línea de investigación y que Masood tenía un claro interés en la lucha armada yihadista.

La ministra británica de Interior, Amber Rudd, pidió a WhatsApp, en una recién entrevista en la BBC, acceso para combatir terrorismo. Además, un portavoz de la primera ministra, Theresa May, dijo el lunes que quería que firmas tecnológicas como Facebook, Apple y Google encontraran maneras de dar acceso a los servicios de seguridad a los mensajes en los teléfonos, pero dejaba a las compañías decidir cómo hacerlo.

Las autoridades británicas planean reunirse con ejecutivos estadounidenses el jueves para insistir en que hagan más para acabar con el contenido extremista en sitios web como YouTube. El popular canal de vídeos, de hecho, no atraviesa por su mejor momento después de que grandes compañías hayan decidido retirar sus campañas publicitarias de YouTube después de que el sistema automatizado de inserción de anuncios colocara los nombres de los anunciantes en vídeos de contenido racista y antisemita.

El gobierno británico planea también presionar a los líderes del Silicon Valley para que ayuden a monitorear las comunicaciones de posibles atacantes. «Si hay circunstancias en las que los organismos encargados de hacer cumplir la ley necesiten tener acceso a los contenidos, deberían ser capaces de hacerlo», dijo el portavoz de May.

Se trata de una nueva intentona europea que se sumaría a las últimas iniciativas europeas para controlar a los gigantes estadounidenses de la tecnología, presionándoles para detener el discurso de odio y las actividades extremistas online. Alemania, por ejemplo, planea una nueva ley con multas millonarias por la que obligaría a borrar mensajes con contenidos «claramente delictivos» en las redes sociales tras las denuncias de los usuarios en un plazo máximo de 24 horas.

Acceso a los «smartphones»

El gobierno hasta ahora ha dejado de buscar nuevas leyes que harían que las empresas de tecnología crearan puertas traseras para proteger la privacidad que ofrece el cifrado.

En cambio, la Ley de Poderes de Investigación, que entró en vigor en noviembre, obliga a las empresas de tecnología a ayudar a las agencias policiales a evitar la encriptación, cuando era posible, y mantener registros de los sitios visitados por sus clientes.

La ministra de Interior, Amber Rudd, pidió a las empresas de tecnología que brinden acceso a los sistemas de mensajería cifrados a los servicios de seguridad, luego calificó sus declaraciones más fuertes y dijo que apoyaba la privacidad de los usuarios.

«Tenemos que asegurarnos de que organizaciones como WhatsApp -y hay muchas otras como esas- no proporcionen un lugar secreto para que los terroristas se comuniquen entre sí», declaró Rudd a la BBC hace unos días. Más tarde, cuando habló con Sky News, pareció modificar su discurso: dijo que apoyaba la privacidad de los usuarios y pidió a las firmas de tecnología no socavar las protecciones de encriptación sino que se centró en exigir acceso legal a los «smartphones».

«Usted puede tener un sistema por el cual puedan construirlo para que podamos tener acceso a él cuando sea absolutamente necesario», dijo Rudd. «Pero quiero hacer una distinción muy clara aquí - apoyo el cifrado extremo a extremo como parte de la seguridad cibernética, para las familias, para la banca, para las empresas», dijo.

Una portavoz del Ministerio del Interior reforzó los comentarios de Rudd el lunes, diciendo que es «irresponsable dar a los terroristas una forma de trazar en línea que no puede ser interceptada por la policía».

¿Una cuestión solo política?

Una portavoz de WhatsApp dijo que la compañía estaba horrorizada por el ataque y que cooperaba con las agencias policiales en sus investigaciones. Es probable que la compañía, propiedad de Facebook, cumpla con una citación de datos sobre a qué números llamó Masood y cuándo, utilizando WhatsApp, tal y como ha hecho en casos anteriores. Alternativamente, la policía puede pedir ayuda para desbloquear su teléfono, lo que plantea problemas más espinosos, dependiendo de qué dispositivo se trate.

Gran Bretaña también podría presionar Facebook y otros servicios de internet para proporcionar una forma de monitorear o grabar conversaciones encriptadas - similar a las llamadas telefónicas tradicionales - que volvería a abrir el debate.

Un exalto funcionario militar británico dijo que obligar a las empresas de tecnología a debilitar el cifrado simplemente haría mutar el problema y llevar a los extremistas a encontrar otras formas de comunicarse.

«Hay mucha política en juego aquí», dijo el general Jonathan Shaw, responsable de seguridad cibernética en el Ministerio de Defensa, a la BBC Radio 4 el lunes.