La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo - EFE

El segundo Ministerio de Igualdad de la democracia y un empeño de Calvo: aplicar perspectiva de género en la Justicia

Con la mujer fuerte del Gobierno al frente, los retos se centran en poner en marcha las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia machista e impulsar el feminismo

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Algunos esperaban un golpe efectista para la cartera de Igualdad, como colocar a un hombre. En las quinielas sonaba el líder del PSC, Miquel Iceta. Pero Pedro Sánchez se ha reservado un as en la manga para el que estaba claro iba a ser un Ministerio en plenitud, y no una secretaría de Estado como ha sido durante las últimas dos legislaturas, con la hoy senadora del PP Susana Camarero por la Comunidad Valenciana; y el extécnico de Fomento con Ana Pastor, el aragonés Mario Garcés al frente.

La entidad que da a Igualdad el PSOE, un Ministerio que Zapatero creó en 2008 para Bibiana Aído (y que suprimió dos años después), la ha heredado Pedro Sánchez, que ha colocado a la «mujer fuerte» y vicepresidenta de su Gobierno para abanderar la causa feminista en la que él ha declarado creer con fervor. En múltiples ocasiones Sánchez ha defendido que es un «convencido feminista», como su antecesor socialista en La Moncloa. Zapatero consideró recientemente en pleno estallido de ira contra la sentencia de «La Manada» que para él «España es inequívocamente un país feminista».

Secretaría Federal de Igualdad

Carmen Calvo ha sido la jefa de la estructura del partido en la última etapa de Sánchez en la oposición, labor que compaginaba con la Secretaría federal de Igualdad de las huestes socialistas. Una responsabilidad nada baladí para una firme defensora de los derechos de la mujer, de la necesidad de promover la conciliación de la vida laboral y familiar y aplicar la perspectiva de igualdad de género desde el propio derecho constitucional, del que esta jurista cordobesa es doctora universitaria . Ahora Calvo encara el reto de ser la segunda ministra de Igualdad de la historia de la democracia.

Pedro Sánchez recupera la cartera que creó Zapatero para Bibiana Aído en 2008 y eliminó dos años después

El gesto proigualdad de Sánchez, que se ha colocado siempre del lado del colectivo feminista y se ha enfundado también la bandera arcoíris (LGTBi), era previsible y ha sido bien acogido por las asociaciones de mujeres, aunque piden que no se quede en los gestos y vaya a «medidas eficaces». También entre las víctimas del maltrato y las entidades que las representan, puesto que creen que Calvo es una mujer que «sabe escuchar» las necesidades de estos colectivos.

Las asociaciones de mujeres consultadas ven acertado el «rescate» de la cartera para «recuperar la agenda olvidada» y acelerar el impulso del movimiento feminista, en plena era internacional del «Me Too». Desde la Federación de Mujeres Progresistas, su presidenta, Yolanda Besteiro, ensalza la «importante e increíble trayectoria» de Calvo en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres «en todos los ámbitos y esferas de la vida».

Calvo, junto con la diputada y portavoz del área Ángeles Álvarez en el Congreso, han abanderado las peticiones socialistas en los Prespuestos Generales del Estado (PGE) destinadas al Pacto de Estado contra la Violencia machista. De ellas es, por ejemplo, el «triunfo» consistente en mejorar los derechos de los huérfanos víctimas de esta lacra, que hasta el momento cobraban solamente 190 euros. A partir de septiembre, y en virtud de la enmienda encajada por Álvarez en los PGE y que ahora aplicará el PSOE, cobrarán los 677 euros previstos en las cuentas estatales.

Perspectiva de género en la Justicia

La andaluza ya sabe lo que es enfrentar una cartera; no en vano, se la recuerda sobre todo en el mundo del arte y las letras como la ministra de Cultura del primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004.2007). Nacida en Cabra (Córdoba) el 7 de junio de 1957, accede al cargo con retos pendientes en la lucha contra la violencia de género y en medio de las reivindicaciones feministas que han cogido fuerza tras la huelga del pasado 8 de marzo y la controvertida sentencia de «La Manada». El anterior Ejecutivo encomendó el análisis del polémico fallo judicial a un órgano dependiente del Ministerio de Justicia cuya composición puede volver a ser modificada por el nuevo Gobierno del PSOE, partido que últimamente ha reivindicado la existencia de perspectiva de género en las instituciones públicas, especialmente en las judiciales.

El Ministerio de Igualdad recobra su rango como tal y encara diversos desafíos futuros: la ley LGTBi que está en el Congreso, y en la que algunos «socios» de la moción de censura como Podemos pedían que el menor de 16 años pudiera cambiar de género sin autorización paterna, incluso sugirió que pudiera practicar las intervenciones quirúrgicas oportunas sin consentimiento de los padres. Podemos también planteó la distinción entre tres género: femenino, masculino y no binario, una cuestión que no prosperó.

Interferencias en el teléfono 016

Qué derechos tiene ante el Registro Civil un menor de 16 y 17 años también podría verse trastocado en la nueva era; mientras que no se esperan grandes variaciones en el apartado de la regulación del aborto y sus supuestos aprobados. Sí se podría malograr algún servicio tal y como se conocía hasta el momento, como el 016, que justo acaba de «cambiar de manos» (de la empresa Arvato a Atenzia, con un traspaso que no está siendo del todo fácil, según fuentes de ambas empresas a ABC).

De hecho, profesionales del teléfono 016 de atención a víctimas de violencia de género acaban de lanzar una petición en la plataforma Change.org que ya acumula casi 5.000 firmas en la que piden ayuda al nuevo presidente del Gobierno para poner fin al «desmantelamiento» de este servicio.

Al margen de esta polémica, el nuevo Ministerio de Igualdad tiene en sus manos la labor de poner en marcha las más de 200 medidas que contempla el pacto de Estado contra la Violencia de Género rubricado por todas las fuerzas del Parlamento, después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haya dejado pendiente la aplicación de las primeras medidas contempladas en él. El anterior Gobierno popular quería presentar «próximamente» la primera reforma adscrita a este pacto. Se trata de la modificación de la Ley de Medidas de Protección Integral del año 2004 que, entre otras cosas, contemplaba ampliar el concepto de violencia de género e incluía la suspensión imperativa del régimen de visitas a los maltratadores. Según confirman fuentes del Ministerio de Sanidad en funciones a la agencia Europa Press que tenían previsto llevar el anteproyecto ante el Consejo de Ministros durante el mes de mayo, sin embargo, finalmente no ha visto la luz.