Los rectores reclaman a los partidos una nueva ley universitaria y más financiación
Alertan del «desinterés» sobre sus demandas en la campaña electoral
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) ha elaborado una hoja de ruta con las principales reformas legislativas así como las acciones políticas concretas y urgentes que se deben emprender. Los rectores han tomado esta iniciativa ante el «desinterés» de los partidos políticos por las demandas de la Universidad.
Estas son algunas de sus demandas:
1.- Nueva ley de universidades. Desde la aprobación en 2007 de la modificación de la Ley Orgánica de Universidades de 2001, no se ha producido ninguna reforma de calado en la legislación básica de nuestro sistema universitario. En septiembre de 2018, «solicitamos al Parlamento la promulgación de una nueva ley universitaria que, desde la confianza de las administraciones públicas, nos permita afrontar los retos actuales».
2.- Financiación asegurada . Las universidades españolas siguen sin recuperar los niveles de financiación de 2008. Mientras que España respondió a la crisis del último decenio recortando en Educación, los países de nuestro entorno hicieron lo contrario y aumentaron los recursos destinados a la Universidad. Esa brecha de financiación es hoy en día mucho mayor que antes de la crisis y, a largo plazo, un suicidio para la sociedad española. Si queremos que las universidades sigan siendo motor de progreso social, debemos considerar la Educación como una inversión y no como un gasto que recortar en tiempos de crisis. El sisterma universitario requiere con urgencia: mayor financiación por parte de las Comunidades Autónomas, nueva ley de Mecenazgo que incentive el apoyo a las actividades de transferencia e investigación desarrolladas por las universidades.
3.- Aumento y estabilización de las plantillas universitarias . Una de las primeras consecuencias de la crisis fue la práctica paralización de las políticas de incorporación y de promoción de docentes, investigadores y personal de administración y servicios. La siguiente ha sido el envejecimiento de nuestras plantillas. Es urgente facilitar cambios normativos para desarrollar políticas de personal que, articulándose en el concepto de carrera profesional, fortalezcan la excelencia de nuestras escuelas y facultades, cuiden el talento propio y atraigan el del exterior. Para ello, es necesario: la plena reposición de las plantillas y estabilización de las plazas de carácter temporal asociadas a las necesidades estratégicas de la Investigación; aprobar un Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI) que incentive la carrera investigadora y revisar las graves consecuencias económicas que puede suponer para las universidades el recién aprobado Estatuto del Personal Investigador en Formación. Igualmente, reclaman revisar los criterios de evaluación y acreditación del profesorado para hacerlos más acordes con la realidad y necesidades del sistema universitario.
4. Mejora de la docencia. La Universidad no es de los rectores y rectoras, ni de los docentes e investigadores, ni de los estudiantes. La Universidad es del conjunto de los ciudadanos, que ha confiado en ella como la gran palanca de progreso de todo el país. Para servir mejor a sus intereses pedimos: la modificación del Real decreto 420/2015 de creación e implantación de universidades para adaptarnos mejor a los estándares internacionales; revisar y reformar la oferta y la estructura de grados y másteres en orden a un mayor ajuste con las demandas sociales y del tejido productivo; y revisar la evaluación de la docencia para revalorizarla, tal y como se ha venido haciendo con la Investigación.
5.- Apoyo decidido a la Investigación, Transferencia e innovación. Las universidades realizan más del 60% de la Investigación que se lleva a cabo en España. Necesitamos no solo una mejora de la financiación de la I+D+i, sino de la carrera del investigador y de la normativa de gestión de la Investigación. Para ello, proponemos: financiar las convocatorias estatales de Ciencia con planes plurianuales y con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y no con fondos estructurales, que deben ser adicionales y no sustitutivos, porque fueron pensados para paliar diferencias entre regiones; respaldar la contratación de licencias nacionales con los principales editores de recursos científicos y apostar claramente por la difusión en abierto de la producción científica (Open Science); así como clarificar el tratamiento contable de los gastos vinculados a proyectos de Investigación y establecer un procedimiento de justificación por módulos.
6.- Defensa de la igualdad de oportunidades y derechos de los estudiantes. La Universidad ha sido el gran ascensor social de este país. Pero la actual política de becas y ayudas a los estudios no garantiza que nadie quede excluido del acceso a los estudios superiores por razones exclusivamente económicas. Igualmente, es necesario revisar aquellas normas que, a la postre, pueden suponer un perjuicio para los alumnos. Para que esto no suceda, necesitamos: aumentar las becas y ayudas a los estudios, reducir los precios de las matrículas públicas y revisar la nueva normativa sobre cotización de prácticas académicas externas y becas de colaboración para evitar a las universidades un coste inasumible y una disminución en el número de prácticas ofertadas por empresas e instituciones.
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