Primer encuentro de posturas entre la DGT y los examinadores tras cuatro horas de reunión
El conflicto se ha llevado por delante 34 autoescuelas, y otras 80 han bajado la persiana «temporal o parcialmente», dice la Confederación Nacional
Tras cuatro meses de conflicto y tras cuatro horas de reunión, se produce el primer guiño entre representantes de la Dirección General de Tráfico (DGT), encabezados por su director, Gregorio Serrano , y miembros del comité de huelga de los examinadores de tráfico. Este martes 14 de noviembre han mantenido un encuentro en el que prosperaron las negociaciones para buscar una solución a los paros que el colectivo examinador viene desarrollando los lunes, los martes y los miércoles desde el pasado mes de junio. Más de 166.000 pruebas anuladas , o aplazadas; y 34 autoescuelas cerradas, además de otras 80 que han bajado la persiana de forma temporal, según el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), José Miguel Báez , es el balance que deja de momento el conflicto a la espera de una solución expeditiva.
Según ha podido saber este periódico, el comité de huelga presentó una propuesta a la DGT y ésta realizó una contrapropuesta que será votada próximamente por los examinadores que secundan los paros. « Tendrá que ser aprobada por la totalidad », apuntó Tráfico en un comunicado remitido al concluir el encuentro.
La DGT indicó que tanto este organismo como los examinadores de tráfico «han acercado posturas, pero quedan detalles por cerrar». «Ambas partes seguirán negociando en los próximos días», añadió.
Por su parte, Vanesa Fernández, miembro del comité de huelga y delegada de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) en Galicia, declaró a la agencia Servimedia que los 628 examinadores que han secundado los paros desde el pasado mes de junio (de un total de 756 que forman el colectivo) tendrán que votar «mañana o pasado» sobre el contenido de la reunión, que contiene «una vertiente económica y otra profesional».
«Seguimos negociando y acercando posturas. Los compañeros tendrán que pronunciarse sobre la contraoferta que ha lanzado la DGT. No podemos desvelar el contenido de las propuestas para no chafar la negociación, pero hay un acercamiento de posturas», apuntó.
La reunión de hoy fue la cuarta mantenida entre la DGT y el comité de huelga de los examinadores de tráfico desde que estos comenzaran el pasado mes de junio paros parciales los lunes, los martes y los miércoles exigir una subida lineal de 250 euros brutos mensuales en el complemento específico de sus nóminas . Ambas partes llevaban sin sentarse en torno a una mesa desde el pasado 22 de agosto.
Las dos partes firmaron un acuerdo en octubre de 2015 después de que los examinadores mantuvieran 32 días de huelga, pero este colectivo de funcionarios retomó las movilizaciones el pasado 2 de junio , cuando se concentraron frente a la sede de la Secretaría de Estado de Función Pública, en Madrid.
Los examinadores han perdido una cantidad global cercana a los 2,75 millones de euros
Ese preámbulo dio lugar a nuevos paros parciales desde el pasado 19 de junio, que los examinadores vienen realizando los lunes, los martes y los miércoles con la excepción de agosto. Hasta ahora llevan 52 días de huelga , que afecta a los exámenes prácticos, no a los teóricos ni a los de circuito cerrado, lo cual ha provocado el aplazamiento de más de 166.000 pruebas prácticas hasta octubre, según la Dirección General de Tráfico (DGT).
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido , reconoció la pasada semana en el Congreso de los Diputados que la situación es «compleja y complicada», pero aseguró que el Gobierno ha cumplido «prácticamente» el acuerdo firmado en 2015 entre representantes de la DGT y de los examinadores.
El presidente de Asextra (la Asociación de Examinadores de Tráfico) , Joaquín Jiménez , asegura a ABC que el cansancio empieza a hacer mella entre los examinadores. No obstante, el seguimiento de los últimos días de paros ronda el 60% (comenzó en un 78%) y que el personal del colectivo que ha segundado la huelga ha perdido una cantidad global «cercana» a los 2,75 millones de euros que tendría que desembolsar el Gobierno si les pagara el complemento específico durante un año entero.
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