La familia de uno de los fallecidos por las riadas de Sant Llorenç denuncia al Govern por su gestión antes de la tragedia
Los allegados del exalcalde de Artà, Rafael Gili, consideran que el Ejecutivo presidido por Armengol no habría actuado con la diligencia oportuna el 9 de octubre de 2018 a la hora de poner en marcha los preceptivos protocolos de alerta
La familia de una de las 13 víctimas mortales que dejaron las inundaciones sufridas en el noreste de Mallorca el 9 de octubre de 2018 ha presentado una denuncia administrativa contra el Govern por su posible mala gestión antes de la tragedia. La denuncia ha sido redactada, en concreto, por los allegados del exalcalde de Artà, Rafael Gili, quien falleció ese día en el garaje de su casa, ubicada en la carretera de Canyamel. La noticia ha sido avanzada este viernes por «Diario de Mallorca» y confirmada por ABC.
Los familiares de Gili consideran que el Ejecutivo presidido por la socialista Francina Armengol no habría actuado con la diligencia oportuna a la hora de poner en marcha los preceptivos protocolos de alerta antes del inicio de las lluvias torrenciales que asolaron aquel día la isla, en especial el municipio de Sant Llorenç des Cardassar . Al trágico balance de 13 personas fallecidas hay que añadir que, además, decenas de familias quedaron sin hogar, numerosos vehículos fueron arrastrados por las aguas y hubo cuantiosas pérdidas materiales.
El hecho determinante en la catástrofe vivida en Sant Llorenç fue el desbordamiento del torrente de la citada localidad, que ocurrió a última hora de la tarde del 9 de octubre. Otros municipios que también se vieron afectados aquel día por las fortísimas precipitaciones caídas sobre Mallorca fueron Artà, Capdepera, Manacor y Son Servera. Precisamente, las dos cuestiones que inicialmente generaron una mayor controversia política fueron si desde Govern y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se podría haber previsto de alguna manera lo que sucedió y si la respuesta del Ejecutivo de Armengol fue rápida y eficaz una vez producida la catástrofe.
La entonces consejera de Administraciones Públicas, la socialista Catalina Cladera —hoy presidenta del Consell de Mallorca—, presentó en enero de este año el informe definitivo del Govern sobre todas las actuaciones llevadas a cabo ese 9 de octubre. El Ejecutivo regional reconocía en dicho informe que de manera general hubo falta de previsión y de medios, aunque la organización de la respuesta tras las inundaciones fue «muy buena, rápida y proporcionada a los hechos» y hubo «mucha entrega de los efectivos implicados».
La argumentación
Los familiares de Gili entienden que si el 9 de octubre se hubieran activado con la suficiente antelación los protocolos de emergencias, por ejemplo avisando previamente a la población o cerrando al tráfico determinadas carreteras horas antes de las inundaciones, los efectos no habrían sido tan devastadores y dañinos . En ese contexto, los allegados del exalcalde de Artà consideran que muy posiblemente se podría haber evitado el fallecimiento del antiguo primer edil. Cabe recordar que Gili fue alcalde de Artà en dos mandatos distintos, primero desde junio de 2004 hasta diciembre de 2005 y luego entre 2007 y 2011.
La citada denuncia administrativa ha sido interpuesta después de que el Govern haya denegado a la familia de Gili una ayuda al alquiler prevista para un periodo de dos años. Al parecer, el Ejecutivo regional se habría comprometido en su momento a buscar una posible solución en relación a dicha subvención para este caso concreto, pero al final no se habría hecho efectiva.
Según han explicado este viernes a ABC fuentes oficiales de la familia del exalcalde, en la denuncia presentada ahora ante el Gobierno autonómico también lamentan que « un año después de las inundaciones no se han dado los pasos necesarios para intentar evitar una posible nueva tragedia ». Cabe recordar que en el informe definitivo presentado en enero por el Govern se recomendaba la creación de forma «prioritaria» de un ente público para aglutinar todos los servicios de «prevención, gestión y respuesta de emergencias», eliminando duplicidades. Diez meses después, dicho ente público aún no ha sido creado.
Por su parte, desde la Consejería de Administraciones Públicas han señalado este viernes que la mencionada denuncia está siendo estudiada en estos momentos por los Servicios Jurídicos de dicho departamento.
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