Cataluña, la única comunidad que sigue recortando en servicios sociales
La mayoría de las comunidades mejoran en servicios sociales, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales
Desde 2013, todas las comunidades autónomas han aumentado su gasto en servicios sociales salvo una: Cataluña. Tras superar la llamada «segunda recesión» y sus ajustes presupuestarios, a partir de ese año las regiones empezaron a incrementar sus partidas para rentas de inserción, teleasistencia o centros de día, entre otros, y el gasto global pasó de 14.874 millones de euros a 17.051 millones en 2016. Una cifra a la que no ha contribuido Cataluña, según datos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
«Los recortes en el sector tocaron fondo en 2013 y desde entonces el nivel general registra una tendencia creciente de la inversión, pero a distinto ritmo», explicó ayer Gustavo García en la presentación del Índice DEC 2017, con el que la asociación mide el estado de los Servicios Sociales en España. Prevén que en 2018 el gasto llegue al nivel de 2010, que se situó en 18 mil millones.
La excepción es Cataluña. La Comunidad y las entidades locales del territorio debería incrementar en 190 millones de euros sus actuales presupuestos para equiparar su gasto en servicios sociales al de 2011 o, simplemente, para llegar a la media nacional, que se sitúa en el 1,41% del PIB, justo el porcentaje que la Generalitat destinaba en 2011.
En la región se produce, además, lo que la asociación denomina «derechos de papel» y que también afecta a Baleares, Aragón y Galicia. A sus ciudadanos se les reconocen en teoría una serie de derechos que no se dan en la realidad. «Constituye un fraude a la ciudadanía y un vaciamiento del derecho a los Servicios Sociales», dice el informe.
Aprobado general
Además de analizar la evolución del gasto en sevicios sociales, el Índice DEC puntúa también indicadores como el número de plazas para personas sin hogar, la cobertura de las rentas mínimas de inserción o las ayudas a domicilio. Esta es la primera vez desde 2012, año en que comenzó a publicarse el informe, en el que España llega al aprobado general .
De media, las comunidades obtuvieron un 5,07 sobre 10, aunque entre ellas sigue habiendo grandes desigualdades. Mientras País Vasco (7,75), Castilla y León (7,50) y Navarra (7,40), se mantienen a la cabeza, Murcia (3,50), Canarias (3,30) y Comunidad Valenciana (2,05) se encuentran a la cola.
«En términos generales, la evolución es positiva . Trece de 17 comunidades han mejorado en Servicios Sociales», explicó García. Solo la Comunidad de Madrid, País Vasco, Cantabria y Asturias han empeorado respecto a la anterior medición.
No obstante, pese a la mejora general, desde la asociación alertan de la tendencia hacia el «asistencialismo» en los servicios sociales. «Estamos haciendo a la población experta en pedir limosnas », dijo García. «Para cada cosa hay una ayuda distinta».
Para evitar desigualdades, el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, pidió que se otorgue a los servicios sociales «el mismo rango que a la Sanidad y a la Educación» cuando se reforme la Constitución, y se regulen por una ley básica.
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