Manifestación organizada en febrero del pasado año en Palma por Mos Movem para protestar contra el decreto del catalán
Manifestación organizada en febrero del pasado año en Palma por Mos Movem para protestar contra el decreto del catalán - EFE

CSIF recurre el decreto del catalán en la sanidad balear por su «sonora vulneración» de los derechos de los trabajadores

La Justicia deberá pronunciarse también sobre la demanda presentada por la plataforma ciudadana Mos Movem contra la controvertida norma lingüística aprobada por el Ejecutivo de Armengol

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado este martes que ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) contra el decreto que regula el conocimiento de catalán que deben tener los médicos, enfermeros, técnicos y auxiliares de enfermería que deseen trabajar en la sanidad pública isleña. CSIF solicita la declaración de nulidad de dicha norma autonómica. Este anuncio se produce un día después de que la plataforma ciudadana Mos Movem hubiera presentado ya ayer, también ante el TSJIB, una demanda de impugnación del controvertido decreto.

El citado decreto fue aprobado el 23 de marzo del pasado año por el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol. En su versión definitiva, el decreto establece que se podrán presentar a las distintas oposiciones previstas por el IB-Salud todos los profesionales sanitarios que lo deseen, aunque ahora no tengan la preceptiva titulación de catalán establecida para cada categoría laboral. Dicha titulación lingüística podrá conseguirse en un plazo máximo de dos años una vez adjudicada la plaza. Sin embargo, los profesionales que finalmente no logren esa titulación serán penalizados laboralmente, ya que no podrán participar en procesos de movilidad ni acceder al complemento de carrera profesional.

Para CSIF, ambas penalizaciones generan una situación de «inseguridad jurídica» y suponen «una sonora vulneración de los derechos de los trabajadores al servicio de la Administración». En ese sentido, nos encontraríamos ante «un decreto viciado de nulidad» por las «violaciones de los derechos de movilidad y promoción en el seno de la función pública».

Por su parte, Mos Movem cuestiona también en su demanda presentada ayer dichas penalizaciones. La plataforma impulsada por la empresaria menorquina Úrsula Mascaró considera, de hecho, que la mayoría de preceptos del decreto del catalán en la sanidad balear «son ilegales e inconstitucionales».

Un decreto cuestionado

El decreto aprobado por Armengol ha venido siendo cuestionado en estos últimos meses no sólo por Mos Movem y por CSIF, sino también por distintos partidos y entidades. Así, ha provocado el rechazo del PP, Cs, Actúa-Vox, el Sindicato Médico de Baleares y diversas asociaciones de pacientes, que consideran que el decreto dificulta la posible llegada de profesionales desde la Península y que ello puede repercutir en la calidad asistencial. Además, a principios del pasado año una veintena de especialistas médicos abandonaron Baleares por su desacuerdo con la nueva norma lingüística.

A todo ello habría que añadir que si bien el Consejo Consultivo de las Islas Baleares emitió en marzo del pasado año un dictamen «favorable» a la aprobación del decreto, no hubo unanimidad entre sus miembros acerca de la plena validez legal de la nueva norma. Así, del total de diez consejeros que integran el citado órgano superior de consulta de la Comunidad, tres de ellos emitieron votos particulares, al entender que el decreto del catalán podría ser total o parcialmente contrario a la ley. Uno de dichos consejeros críticos fue José Argüelles, cuyos argumentos han sido tenidos en cuenta en el recurso presentado esta semana por CSIF.

La última novedad hasta ahora en relación al decreto del catalán en la sanidad balear se había producido el pasado mes de diciembre, cuando el Gobierno central decidió retirar el recurso contencioso que había presentado en mayo del pasado año contra el decreto. El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez decidió por «voluntad política» dejar sin efecto el recurso que había presentado el Gobierno Central con Mariano Rajoy aún como presidente.