«La maternidad subrogada debe ser legislada, no prohibida»

El Comité de Bioética de España presentó ayer un informe «sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada» en el que por unanimidad pidió prohibir esta práctica a nivel internacional «en garantía de la mujer y del niño».

La maternidad subrogada o más conocida como «vientre de alquiler» está prohibida en España, lo que lleva a muchos padres a viajar al extranjero para poder tener hijos.

El Comité no solo pide anular los contratos sino también sancionar a las agencias que se dedican a esta actividad. Desde un punto de vista jurídico plantean la falta de eficacia de las leyes de nuestro país puesto que muchos españoles se saltan la ley. «Se puede pretender que las leyes aprobadas en España tengan verdadera eficacia y que no solo sean de aplicación para quienes, por carecer re recursos y de temeridad, no pueden sortearlas en el extranjero?».

También plantean si realmente se debe reconocer a los podres comitentes «la filiación legal del hijo concebido por encargo, aunque se reconozca la ilegalidad del proceso, o resulta más coherente no reconocerla para desincentivar que sea un medio de conseguir lo que legalmente está prohibido».

El Comité muestra especial preocupación porque «entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superior del menor».

Pedro Fuertes Castro es presidente de la Asociación «Son nuestros hijos». No no trabaja como agencia con ánimo de lucro sino que simplemente agrupa a las familias con hijos concebidos por gestación subrogada. Fuertes Castro con un niño de 7 años que sabe perfectamente de dónde viene y la decisión que han tomado sus padres, mostró su absoluto rechazo al informe del Comité: «Me sorprende que un comité que dice llamarse de "bioética" emita un informe sin base jurídica ni científica y basada en la moralidad de sus integrantes», apunta Fuertes.

«Me parece horroroso»

«Los estudios científicado han avalado hace tiempo que el riesgo de que un menor sufra exclusión o sea acosado está en relación con la estigmatización de su familia. Este comité estigmatiza a las miles de familias que recurren a la gestación, así como a la de los niños, a quienes pone en riesgo de acoso escolar. Me parece horroroso».

Aparte de negar el daño que puede sufrir el niño, que Fuertes atribuye precisamente a este tipo de informes, señala que en cuanto a la explotación de la mujer «se ignora una resolución del año pasado en la que el Parlamento de la Unión Europea instó a los países miembros a revisar las politicas restricticas de la gestacion subrogada. La explotación se da cuando no hay una buena regulación. El planteamiento de estos señores es igual que pedir la prohibición de los trasplantes porque existe tráfico de órganos, cuando lo que hay que hacer es regular y no prohibir».

El presidente de «Son nuestros hijos» ha repasado los países que recientemente han empezado a regular esta práctica como el caso de Portugal e Irlanda que lo están regulando recientemente, o de Reino Unido y Holanda que están revisando su legislación. «Además, ignoran una sentencia del de TC de 1984 que dice que irse al extranjero para realizar una práctica médica prohibida en España no es delito».

«No se le pueden poner puertas al campo»

Por su parte, David Monje, gerente de Go4Baby, una agencia de vientres de alquiler en Ucrania también mostró su rechazo al informe. «Es un contrato entre dos partes, no sé por qué se tienen que meter terceras personas».

Además, considera «totalmente falso» que haya daños para el niño y menos la mujer que «no puede ser explotada cuando es ella la que acepta seguir adelante un embarazo, lo que plantean es totalmente absurdo». «El verdadero daño se hace aquí a las personas que piensan que son niños comprados, cuando en realidad son niños muy deseados».

Por otro lado, criticó que se piense que la ley solo se la pueden saltar los que tienen dinero. «La gente pide créditos para poder llevar a cabo estas prácticas, no es una ley que se salten los ricos», concluyó.

Respecto a la posibilidad de que se sancione a las agencias, ha asegurado que seguirán adelante: «Si quieren sancionarnos habra que ir directamente al país de origen donde sí que esta regulado, no se puede poner puertas al campo».