El camino de la eutanasia en Portugal hasta su entrada en vigor (o no)

El Parlamento aprobó la ley de despenalización de la muerte médicamente asistida, pero aún puede haber sorpresas y se aguarda el dictamen de los jueces sobre si es inconstitucional

Protesta contra la eutanasia en Portugal Efe
Francisco Chacón

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La despenalización de la eutanasia tiene vía libre en Portugal después de aprobarse en una polémica sesión en la Asamblea de la República, pero el camino hasta su puesta en práctica todavía no está del todo despejado.

«¿Y ahora qué?», se preguntan miles de ciudadanos. Un interrogante suscrito y amplificado por los medios de comunicación más diversos: del prestigioso semanario «Expresso» a Radio Renascença, emisora «hermana» de la COPE.

Para empezar, fueron cinco los proyectos de ley aprobados al unísono. Por tanto, deberá consensuarse un texto único para que pueda celebrarse una votación final en el Parlamento, aunque todo indica que no habrá obstáculos para que salga adelante tras la victoria del sí por 127 contra 86 el pasado 20 de febrero.

Las diferencias entre los cinco textos presentados entran en el terreno de los matices porque, en lo sustancial, todos coinciden. Por ejemplo, considerar al médico que supervise las circunstancias como un «médico responsable» o un «médico asistente».

Será antes del parón veraniego cuando la Asamblea de la República aborde la cuestión de manera definitiva, pero no se trata en absoluto del único eslabón pendiente en la cadena hasta un desenlace.

Si el Parlamento recibe un mínimo de 60.000 firmas de quienes se oponen a la muerte médicamente asistida, podría llegar a convocarse un referéndum al respecto.

No parece ahora mismo la opción más probable, pero las esperanzas de los sectores contrarios están depositadas en lo que ocurra cuando la redacción consensuada llegue a manos del presidente de la República , el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, por ahora callao sobre el asunto.

Ahí se le abrirá un abanico de tres posibilidades: dar el visto bueno a la promulgación de la ley, ejercer el derecho de veto o… una tercera vía que se apunta como la más factible: enviar el documento al Tribunal Constitucional para que emita un dictamen que aclare los términos sin paliativos.

La Conferencia Episcopal portuguesa y la Federación por la Vida no arrojan la toalla y confían en que, si se produce esa eventualidad, los jueces estimen la normativa como inconstitucional.

Solo el tiempo dirá qué va a pasar, lo que está claro es que la batalla dista mucho de haber finalizado. Mucho más dado el éxito de la convocatoria ciudadana a las puertas del Parlamento el 20-F, cuando miles de personas gritaban contra la eutanasia mientras los diputados emitían su voto de forma nominal.

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