Facua denuncia a Wonkandy por vender a menores chicles con aspecto de cigarrillos

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a la cadena de tiendas de golosinas Wonkandy por poner a la venta a menores cajas de chicles que simulan ser paquetes de cigarrillos, y a la compañía Asba AB, con sede en Estocolmo (Suecia), fabricante de los productos.

Según informa la asociación en un comunicado, los chicles están envueltos en un papel blanco que imita el de un cigarrillo, incluyendo incluso una parte marrón «como si se tratase del filtro». Facua considera lamentable que una tienda con productos de claro atractivo para los niños ponga a la venta «golosinas que promueven el consumo de tabaco, vulnerando gravemente la normativa española».

Las denuncias han sido remitidas a las autoridades autonómicas de salud y protección de los consumidores, entre ellas las andaluzas, ya que la cadena Wonkandy tiene su sede central en Sevilla.

Facua también se ha dirigido a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ( Aecosan).

La asociación recuerda que la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, establece como infracción grave «la venta o entrega a personas menores de dieciocho años de productos del tabaco o de productos que imiten productos del tabaco einduzcan a fumar, así como de dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan forma de productos del tabaco y puedan resultar atractivos para los menores».

Facua reclama a las autoridades competentes que tomen medidas para retirar del mercado estos productos e impongan sanciones económicas a quien ponen en riesgo la salud de los menores al incitar al consumo de cigarrillos.

Sin etiqueta en castellano

Asimismo, señalan que las cajas que contienen los chicles con forma de cigarrillos no tienen su etiquetado en castellano, tal y como dicta la normativa de la Unión Europea. Así, se vulnera el Reglamento europeo 1169/2011 de 25 de octubre, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, y que establece que «la información alimentaria obligatoria figurará en una lengua que comprendan fácilmente los consumidores de los Estados miembros donde se comercializa el alimento».

Asimismo, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, señala que «las indicaciones obligatorias del etiquetado y presentación de los bienes o servicios comercializados en España deberán figurar, al menos, en castellano, lengua española oficial del Estado».