Prohibido llevar el «smartwatch» a los exámenes de la universidad

La tecnología «wearable» -vestible- ha desembarcado como el nuevo producto estrella, abriendo utilidades para los estudiantes más pícaros. Al igual que sucediera con los teléfonos móviles inteligentes, tener a mano uno de estos productos tecnológicos capaces de conectarse a internet permite encontrar la «inspiración» a la hora de evaluar los conocimientos académicos.

Sin un protocolo de actuación claro, el fraude en los exámenes del siglo XXI ha llamado a la puerta de la Universidad City de Londres, que se plantea la posibilidad de prohibir durante las pruebas académicas el uso de los «smartwatches». El centro es tajante: en su página oficial aseguran que «debido a la introducción de los relojes inteligentes, a los candidatos no se les permite usar ningún tipo de reloj durante un examen».

Este temor se ha incrementado ante la inminente llegada del Apple Watch. Ya el pasado año, la Universidad de Londres plasmó en un informe los posibles fraudes en los exámenes a consecuencia del uso de aparatos electrónicos.

No es la primera vez que las nuevas tecnologías han provocado este tipo de conflictos. La popularización de minicalculadoras hace dos décadas fue el detonante de la advertencia por parte de los centros de sus posibles utilidades como apoyo en los exámenes, algo similar a lo ocurrido hace un lustro con los «smartphones».

Sin normativa clara

No existe una normativa definida. Cada centro y profesor decide el tipo de vigilancia en las pruebas. Actualmente, las universidades españolas poseen en sus propios reglamentos internos una normativa de exámenes que contempla las condiciones, derechos y obligaciones de los alumnos y establecen las circunstancias en que las pruebas deben desarrollarse, pero en la práctica cada área docente hace su guerra para velar por la calidad del aprendizaje.

«Si encontramos a un alumno copiando a través del móvil le aplicamos el mismo castigo que si lo encontraramos con una chuleta física», precisaron a ABC portavoces de la Universidad Autónoma de Barcelona. Las mismas fuentes indicaron que «con el Plan de Bolonia, los exámenes no son tan decisivos porque la evaluación es continua; aun así vigilamos».

Tampoco la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) prohíbe en su normativa general que los estudiantes entren en el aula con el teléfono móvil, con la excepción de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona. Este centro, a raíz de un desafortunado episodio en 2013, que acabó en manos de la Fiscalía, obliga a los estudiantes a dejar el teléfono antes de entrar a realizar los exámenes. La UPC denunció ante la Fiscalía de Barcelona a la Academia Sol por filtrar supuestamente a través de un chat vía WhatsApp las respuestas de un examen que se realizó en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad. Los hechos sucedieron el 30 de enero de 2013 y una veintena de alumnos que estaban implicados fueron suspendidos.

Sí existe, no obstante, una regulación homogénea a nivel regional en la selectividad en la que se prohíbe, por ejemplo, el uso de calculadoras programables. La complicación legal para implantar inhibidores de frecuencia y la imposibilidad de dar cobertura a la gran variedad de dispositivos electrónicos existentes obligan a extremar la vigilancia durante las pruebas. «Una normativa global es muy complicada. Es muy difícil que cubra todas las posibilidades de cada producto», explica Javier Gómez, profesor de Química, al tiempo que en el futuro habrá que ir a normativas globales en las que se especifique lo que se pretende evitar. «Todo lo que no permita a los alumnos estar en igualdad de condiciones está prohibido. Al final nos veremos abocados a que haya una normativa general y, luego, interpretable».