Sevilla
Los taxistas, acusados de un delito electoral, niegan que boicotearan el mitin de Susana Díaz
La Policía asegura en el juicio celebrado este miércoles que la decisión de suspender el evento fue tomada por la organización y no por las autoridades
El Juzgado de lo Penal número dos de Sevilla ha dejado este miércoles visto para sentencia el juicio contra ocho taxistas, entre ellos el responsable de la Asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, Antonio Velarde, por los altercados ocurridos el 22 de noviembre de 2018 en el teatro Romero de San Juan de Aznalfarache . Ese día estaba previsto un mitin de la entonces presidenta de la Junta de Andalucía y aspirante socialista Susana Díaz.
Según denunció en su momento el PSOE, los taxistas impidieron el evento «al agolparse en la puerta, empujando a los asistentes, lanzando insultos y golpeando la puerta de cristal del teatro», llegando incluso a « cerrar el cordón de seguridad que el personal había establecido para la entrada de los asistentes al acto», con el resultado final de la suspensión del mismo.
Velarde ha explicado que acudió al mencionado mitin para ver si podía hablar con Verónica Pérez, Miguel Ángel Vázquez o Juan Cornejo, todos ellos dirigentes del PSOE , con el fin de concertar «una reunión en la que analizar el problema del taxi». Al igual que el resto de acusados ha señalado que las incidencias comenzaron cuando los miembros de la organización del acto comenzaron a desalojar el teatro y solicitaron «algún tipo de acreditación para volver a entrar«, extremo ante el cual protestaron muchas personas , «no sólo taxistas», según su versión.
Frente a las acusaciones de haber obstaculizado el acceso al salón del teatro, los ocho taxistas juzgados han alegado que quienes acudieron al acto debidamente acreditadas pudieron entrar, esgrimiendo su abogado defensor, Simón Fernández, del despacho Constitución 23 , una fotografía del momento de la suspensión del evento, que reflejaba el patio de butacas casi lleno .
Un policía que acudió al teatro tras el aviso de que se estaban produciendo altercados ha asegurado que no fue necesario intervenir y que la orden de desalojar el recinto no la dieron las autoridades sino la organización.
También ha testificado el concejal socialista del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Antonio Barrionuevo , que fue uno de los organizadores del mitin. En su declaración ha admitido que cuando el acto fue suspendido había mucha gente en el patio de butacas del teatro. Según Barrionuevo, los acusados «dificultaron el acceso a los demás», «golpearon en la puerta e increpaban a todos», con un «comportamiento violento» que obligó a suspender el mitin.
El fiscal ha considerado que la presencia de tantos taxistas «por casualidad» en un mitin «choca contra la lógica», sospechando de que todo se trataba de una «concentración dirigida para ejercer presión al PSOE y a su candidata». En esa línea ha mantenido su petición de multas de 2.160 euros para cada uno de los acusados por un delito electoral.
El abogado defensor ha descartado que en los hechos medie un delito de alteración del orden en acto electoral, aludiendo a una protesta, que no fue «ni siguiera un escrache». Ha rebatido que un mitin tenga la protección legal de un acto electoral como es la proclamación de los candidatos o la configuración de las mesas electorales. «Un mitin es un acto de propaganda electoral». Además, ha negado que los acusados orquestasen una acción conjunta para impedir la celebración del acto. « No hubo ni mando único , ni consignas únicas», ha defendido.
La acusación particular, ejercida por el PSOE, ha ratificado también su petición de sanciones por valor de 14.400 euros para cada uno de los acusados y una indemnización conjunta de 410 euros al partido.
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