El pleno extraordinario de este jueves
El pleno extraordinario de este jueves - ROCÍO RUZ

El interventor rechaza varias enmiendas a los impuestos locales de Sevilla para 2017

Los principales cambios en las ordenanzas, como la congelación de las tasas de incineraciones, se mantienen. Los reparos por no ajustarse a la ley sólo afectan a diversas bonificaciones fiscales

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Con el habitual rifirrafe dialéctico, sobre todo entre el podemita Julián Moreno y la presidenta del Pleno, la socialista Carmen Castreño, la Corporación municipal ha sometido este jueves a debate en el Ayuntamiento el proyecto de Ordenanzas Fiscales de Juan Espadas incluyendo las 70 enmiendas que se aprobaron la semana pasada en la Comisión de Hacienda.

Casi todas ellas han vuelto a tener el respaldo de la mayoría de concejales, pero en varios casos ha habido cambio de voto a última hora como consecuencia de los informes realizados por el interventor y el secretario, que consideran que algunas de las propuestas no se ajustan a la ley vigente. Así ocurre, por ejemplo, con las bonificaciones del IBI que se habían aprobado para viviendas inscritas como sede social de jóvenes empresarios.

Igualmente se han rechazado otras propuestas por el alto coste que, según los altos funcionarios, supondrá su aplicación para el Ayuntamiento, la mayor parte de ellas relacionadas con algunos cambios en el contrato de la Zona Azul, aunque las principales modificaciones previstas siguen adelante.

Por lo tanto, el Pleno valida la ordenanza de impuestos y tasas para el año que viene, en la que apenas hay grandes cambios con respecto a los principales gravámenes, aunque Espadas pretende recaudar 28 millones de euros más en las tasas del cementerio -las incineraciones finalmente no suben, pero sí las exhumaciones- y en algunas de Urbanismo. No obstante, el IBI se mantiene como este año, al igual que el impuesto de vehículos de tracción mecánica, el de Actividades Económicas o el de obras.

Otra sentencia de la época de Monteseirín

Por otra parte, también se ha aprobado una modificación presupuestaria de 3,6 millones en Urbanismo para pagar una sentencia del año 2009 de tres millones -todavía herencia del gobierno de Monteseirín-, el vallado de la zona franca y otras obras sobrevenidas, una medida que ha recibido las críticas de todos los partidos de la oposición, que acusan al PSOE de gobernar con improvisaciones y de utilizar el dinero necesario para obras en los barrios para solucionar problemas del pasado.

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