El juez investiga un fraude de 40 millones y un soborno por tres Mercedes

El «caso Marismas» que investiga el juez de instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ya cuenta con cifras cerradas. Tras la imputación de varios cargos de la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir de hace una década y del empresario Jesús León —ex de Befesa que compró las acciones del Sevilla F.C. a José María del Nido—, las pesquisas se centran ahora sobre cuatro altos cargos de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. La Guardia Civil considera que se cometió un fraude en la justificación de 40 millones de los fondos europeos destinados a la construcción de nuevas canalizaciones en la Marisma y, en su último atestado, al que ha tenido acceso ABC, atribuye directamente delitos de falsedad documental y prevaricación a varios responsables de Agricultura e incluso abre nuevas investigaciones por cohecho y malversación.

Lo que se investiga concretamente es el presunto desvío de una subvención otorgada en 2004 para la modernización de la Comunidad de Regantes para otros fines que aún están por esclarecer. Los agentes sostienen que se pudo amañar el concurso para que ganara una UTE liderada por Befesa, que se inflaron facturas para acreditar obras que nunca se hicieron y que incluso se pudieron pagar comisiones millonarias y otras dádivas, como tres mercedes comprados en un concesionario de Utrera por uno de los empresarios implicados y que fueron a parar a miembros de la Comunidad de Regantes.

En un primer momento, el concurso para llevar a cabo esos trabajos lo ganó una UTE compuesta por cuatro empresas —Meci, Tegner, Teconsa y Elecnor—, pero la Junta revocó esta adjudicación por «problemas administrativos» y acabó dándosela a la UTE Befesa-Alpi, que estaba en cuarto lugar. En esta cuestión la Guardia Civil señala al que fuera director general de Regadíos de la Consejería, Francisco Ruiz Orta, porque «emitió un oficio a la Comunidad de Regantes conminándoles a que revocasen esa preadjudicación». Curiosamente, las empresas que luego ganaron subcontraron muchas de las obras a las perdedoras. Pero en el atestado también se implica al jefe de servicio de Promoción Rural, Julián Martín, y al jefe de departamento de Infraestructuras, Carlos Javier Rodríguez, además del al ya imputado judicialmente Antonio Cruz-Guzmán, jefe de departamento de Actuaciones Estructurales.

La Guardia Civil investiga quién emitió una llamada al presidente de la Comunidad, Diego García Santos —también imputado— «en esas fechas para indicarle qué empresa tenía que ser la elegida» y si estos funcionarios recibieron «presuntos sobornos, dádivas o regalos o propuesta de ello por parte de la UTE Riegos Marismas, compuesta por las mercantiles Befesa y Alpi». Según refleja el informe policial, se han detectado innumerables irregularidades, como el abono «de facturas irregulares por importe de 600.000 euros» al principio del a obra, «el pago de la primera certificación de 4.245.826 euros y que no había obra alguna ejecutada» —supuestamente se pagaron para tapar un desvío de Befesa en otra obra que estaba haciendo en el Andévalo—, «que hay pagadas más certificaciones que obras ejecutadas»... Un testigo llega a decir que «el único interés» de la Junta «era que se le pagara a Befesa, no terminar el proyecto de modernización». En una grabación aportada al sumario y reflejada por los agentes, uno de los intervinientes dice: «La consejería ha dicho que para agotar los presupuestos se certifique obra que no está ejecutada, si no se pierden». En total, según la instrucción judicial, se han malgastado 40 millones de fondos europeos a través de este ardid. Y un informe externo realizado por Ayesa certifica que sólo se invirtió el 65 por ciento de lo que se gastó oficialmente y que hay artimañas como el mismo movimiento de tierras justificado dos veces, facturas de aluminio en cantidades cinco veces superiores a las que soportan las estructuras... Un escándalo en el que, además, uno de los empresarios compró tres mercedes para miembros de la Comunidad de Regantes, no funciona ninguna de las estructuras ejecutadas y faltan muchos millones de euros que llegaron de Bruselas.