El delegado de Hacienda declara como testigo en el caso del desfalco que suma una nueva imputada

El actual delegado de Hacienda, Manuel Raposo, ha declarado como testigo dentro del proceso abierto en el Juzgado de Instrucción Número 1 por la desaparición de 7,8 millones de euros de la caja municipal del Ayuntamiento de San Fernando. Una testificación que se realiza tras haber pasado más de seis años desde que comenzaran las diligencias por uno de los sucesos más negros de la historia de la ciudad.

A las once de la mañana se presentó Raposo para contestar a las preguntas tanto de la nueva jueza que se encarga de esta pieza como de las diferentes partes que están presentadas en el caso. Una media hora duró un interrogatorio de corte rutinario y encaminado a iniciar lo que sería el cierre de la causa para establecer la fecha del juicio.

A la salida de los Juzgados el delegado de Hacienda se mostró muy tranquilo y no quiso realizar declaraciones ya que la investigación continúa bajo el secreto de sumario. Eso sí volvió a resaltar su colaboración con las Fuerzas del Orden desde el primer día, facilitando toda la documentación que se le había requerido e incluso aquella que consideró necesaria.

Raposo ha sido llamado por ser el despacho que asesoraba los negocios que tenían tanto Clemente Ruiz, principal imputado y excajero, como la familia de origen marroquí que presuntamente había montado la red para blanquear el dinero que según se recoge en la documentación de la investigación, se presupone que sacaba diariamente el propio funcionario municipal.

Precisamente después de Raposo declaró una de las mujeres que se enmarca dentro de este clan familiar, pero en su caso sí era en calidad de imputada. De modo que oficialmente el desfalco cuenta con una nueva imputada. La mujer del conocido como Ivan Alí Buselhan, que ha fallecido, expuso no haber visto en ningún momento que Clemente ni su mujer o hijos llevaran un tren de vida por encima de lo que ingresaba por el Ayuntamiento. Que en ninguna ocasión había visto que tuvieran o hicieran gala de artículos de lujo y menos que mantuviera una relación de negocio con los miembros del clan marroquí.

Por último aseguró que ella era ama de casa y que los negocios en aquella época los llevaban su marido y su suegro, pero que no se metía en los temas comerciales que afectaba a los miembros, que entre otros negocios tenía una tienda de ventas de motos de agua. Todo ello mientras sigue su curso burocrático la tramitación de auxilio judicial expedida a Marruecos para que el resto de personas que conforman este clan puedan realizar su testificación. Un proceso que no es sencillo.

A la espera

A pesar de que la intención es acelerar el proceso, sigue sin haber una fecha aproximada para que se realice el juicio por lo acontecido. Todo queda a la espera de poder resolverse a lo largo de los próximos meses, ya que tampoco se descartan que se realicen nuevas peticiones de testificales o incluso se sumen nuevos imputados.

También se espera resolver el proceso administrativo, el llevado a cabo por el Tribunal de Cuentas y que dictaminó la responsabilidad profesional de las personas que no detectaron lo que estaba ocurriendo. En este sentido se fijó como responsables directos al propio Clemente Ruiz y a su compañera de trabajo (también imputada en el proceso penal), María José Lebrero. Ambos deben hacer frente a la devolución total del dinero más intereses.

En caso de que no puedan hacerlo tendrán que responder con su patrimonio los denominados responsables subsidarios. en este caso se encuentran los interventores de los últimos años, la tesorera, así como los dos ex alcaldes andalucistas, Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo. El dictamen se encuentra en periodo de alegaciones y está a la espera de que se resuelva un recurso interpuesto por Clemente para solicitar un abogado de oficio.