La Diputación de Sevilla, denunciada por sus trabajadores

Al presidente de la Diputación de Sevilla, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, se le abrieron ayer un par de frentes de envergadura. Principalmente uno con el que hasta hace sólo unas fechas, el de los trabajadores de la propia casa, que ya se le sublevaron y protestaron en el pasado pleno con gritos y carteles a causa de la anulación de varios apartados de sus retribuciones que están recogidos en el convenio colectivo. Los artículos suprimidos desde el 1 de enero de este año son los relativos a los premios a la constancia, a la jubilación ordinaria y el modelo retributivo aplicable al personal en situación de superior categoría, que han quedado suprimidos a raíz de las conclusiones del informe de la Cámara de Cuentas sobre el ejercicio 2012, que reveló un cúmulo de negligencias en la gestión y de irregularidades en la concesión y justificación de subvenciones.

De este modo, y como habían anunciado hace unos días, el comité de empresa (UGT, CCOO, USO, USTEA y SAT/SAB) denunció ayer ante la Fiscalía a la Diputación por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y coacción tras aprobar en el último pleno de 2015 la suspensión de esos artículos. Se informó de que la denuncia ha sido interpuesta contra el presidente, el director del área del empleado público, el secretario general, el interventor general y los diputados que apoyaron dicha propuesta, eso es, los 16 del PSOE.

La suspensión se acometió tras las conclusiones del demoledor informe de fiscalización que hizo la Cámara de Cuentas de Andalucía en el que, entre otras consideraciones, cuestionaba la política de personal de la Diputación y llamaba la atención por cubrir la asistencia médica privada y el gasto farmacéutico de todos sus funcionarios, amén de esos premios y retribuciones de carácter especial.

«No son vinculantes»

Los sindicatos replican que la Cámara de Cuentas no tiene entre sus funciones fiscalizar la estructura retributiva de los empleados de la administración local y, además, sus recomendaciones «no son vinculantes». Además, el comité denunció que todo se ha hecho «dejando sin efecto actos y normas vigentes y vinculantes bajo una apariencia de legalidad cuando ningún Tribunal ha suspendido su ejecución, ni la administración lo ha requerido ni se ha iniciado un procedimiento para la revisión de oficio de sus actos».

Igualmente, el comité de empresa aseguró que «es falso» que la Diputación hubiera informado a las secciones sindicales de dicha decisión. Según los representantes de los trabajadores, cuando se iba a iniciar la negociación el pleno de la Diputación aprobó el «descuelgue unilateral del convenio colectivo alegando que se podría incurrir en prevaricación y que peligraba el cobro de la nómina de enero de 2016 ante la negativa del interventor y el secretario a informar favorablemente» .