Lorenzo del Río, sobre los juzgados de San José: «No podemos estar un mes con la actividad judicial paralizada»

El magistrado ha comparecido minutos antes del comienzo del encuentro, al que han acudido la delegada de Justicia, Ana María Bertón, y el secretario general de Infraestructuras, y también una representación de los jueces implicados, así como de la fiscalía, abogacía y procuradores.

«Casi todos los días hablo con el consejero de Justicia sobre el asunto de San José, por la preocupación que nos genera tener parada judicialmente la actividad. Queremos ver qué soluciones nos plantean. Yo lo que he transmitido es que es una decisión que no se puede alargar porque no se puede parar la actividad», ha expresado.

Según le trasmiten desde la Junta, los trabajos de mejora de San José pueden estar solventados en un periodo de un mes: «Pero hay que buscar una alternativa porque el correo sigue llegando, de peticiones de presos, de procedimientos. Y eso necesita una sede física, un emplazamiento mínimo donde funcionarios y jueces puedan trabajar».

«Me han dicho que estaban planteándose varias opciones, como unos metros abiertos en los bajos del estadio para poner unas mesas y que hubiera ubicación al menos parcial, pero hay que verlo y que nos expliquen todas las alternativas», exponía.

El Pirulí o el edificio de Proserpina han sido otra de las posibilidades, pero el poco tiempo que estarían fuera de San José resulta un escollo: «Me dicen que tienen dificultades para lograr un alquiler de uno o dos meses». Se estima que las obras puedan estar finalizadas después de Navidad.

Y hacía hincapié en que no es lo mismo un proceso de traslado que la paralización de la actividad: «No podemos estar un mes o un mes y medio con los juzgados de primera instancia y los de instrucción paralizados. Las guardias se están celebrando, pero es que los procesos no se paralizan, los plazos de instrucción continúan, las peticiones de medidas cautelares siguen encima de la mesa y eso hay que resolverlo».

El teletrabajo, explicaba, no es una solución viable porque de momento no cuenta con una implantación efectiva a todos los niveles, por lo que se hace acuciante la necesidad de tener una sede física: «Necesitamos saber si hay una ubicación inmediata, aunque sea para un mes o dos meses. No podemos estar en casa con los brazos cruzados».

«Nos han dicho que las obras van a ser menos alargadas en el tiempo de lo esperado, pero necesitamos un emplazamiento. Yo entiendo que no es fácil, pero esta situación era conocida desde hace unos meses y se podía haber previsto, teniendo una alternativa si había que desalojar».

El Tribunal Superior ha propuesto celebrar en la Audiencia Provincial los juicios programados para el mes de diciembre, pero reconocen que es complicado porque necesitan citar a las partes y ahora mismo, en actual situación, no pueden trabajar en los procedimientos.

«Las obras pueden empezar en una semana y buscan reforzar los bajos de San José. La idea que tienen es que se empiecen las obras por un procedimiento de emergencia en el que el concurso esté listo la semana que viene. Pero el problema es ese mes que se prevé que duren las obras, porque hay que tener sede. Se están recibiendo plazos de instrucción y no se sabe dónde llegan ni donde se transmiten», prosiguió.

Cuestionado sobre las consecuencias de la parálisis, del Río afirmó que afecta a cuestiones como las peticiones de libertad que no se responden, manteniendo a personas en prisión más tiempo del estrictamente necesario. O la toma de declaraciones, que en este momento no se pueden llevar a cabo. «La jurisdicción de instrucción necesita tener los cuatro juzgados con un rendimiento razonable», apostilló.

La Ciudad de la Justicia, un asunto de candente actualidad, no resuelve esta situación «porque es algo a largo plazo. El problema de Cádiz es que se ha ido alargando y no se ha plasmado ni materializado y para eso van a pasar muchos años, desgraciadamente».

Sobre la opción de que la Audiencia Provincial se radique en la propia Ciudad de la Justicia, del Río cree que es una opción conveniente: «De forma general, sin conocer el emplazamiento y si se tiene opción de albergar todo, estoy a favor de la unidad de las sedes judiciales. Por temas de seguridad, de traslados, de cercanía de justiciables y profesionales. Es mejor funcionalmente», concluyó.